Publicado el 25/03/12
http://www.facebook.com/#!/notes/rosa-de-f%C3%A1tima-d%C3%ADaz/construyendo-institucionalidad-para-la-gestion-de-los-recursos-hidricos/419873901361494
La gestión de recursos hídricos requiere una mirada integral, que involucre aspectos de calidad del agua para el consumo humano y la seguridad alimentaria; en cantidad y oportunidad para atender la demanda hídrica para sus diversos fines, sea de uso poblacional o productivo, con canales que permitan un acceso oportuno a través del saneamiento o proyectos hidráulicos, con prioridad en zonas de inequidad y exclusión social; con la coordinación y articulación en los tres niveles de gobierno para la implementación de la zonificación y ordenamiento territorial, teniendo como referentes los planes de gestión de recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en miras a la estimación, prevención, mitigación y alerta de riesgos asociados a fenómenos extremos que se vean potencialmente agravados por el cambio climático; de forma participativa y desconcentrada, en aras a lograr un uso eficiente y aprovechamiento sostenible con equidad, respeto al ambiente; contribuyendo al desarrollo del país y a instaurar una cultura de paz.
A fin de lograr esta acción integral, la Autoridad Nacional del Agua – ANA, viene sentando las bases de la institucionalidad en la gestión de los recursos hídricos, a través de procesos de diálogo y consenso, que deberán articular y alinear políticas, planes y programas en los diferentes niveles de gobierno y de forma transversal con los actores involucrados, como parte del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, del cual ANA es rector.
En este sentido, se está trabajando con el Acuerdo Nacional el diseño de la Política de Estado sobre el Agua y la Gestión de Recurso Hídricos en cuyo seno hay consenso mayoritario de su necesidad, incidiendo en fortalecer la autonomía de la ANA y la asignación de recursos necesarios dada la envergadura de su labor y su impacto en el desarrollo y gobernabilidad del país.
Por otro lado, de acuerdo a Ley, la ANA ha diseñado la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos la cual ya ha sido alcanzada al Ministro de Agricultura para iniciar el proceso de consulta y validación a nivel nacional y así tener legitimidad en la intervención.
Paralelamente, a través de un concurso internacional, con una donación del BID, se viene ejecutando la consultoría con expertos españoles, para el diseño del Plan Nacional de Recursos Hídricos, la cual identificará el diagnóstico y propuesta de prioridades para el corto, mediano y largo plazo, a través de acciones de promoción y sensibilización a la sociedad civil, caracterización técnica del recurso hídrico en los escenarios regionales y un plan estratégico de recursos hídricos armonizando con las políticas y planes.
Finalmente, la actual gestión en una visión de modernización de la gestión pública viene diseñando un Programa Presupuestal en un enfoque por resultados para el Mejoramiento de la Gestión de los Recursos Hídricos, en miras a la formulación del presupuesto 2013, de acuerdo a las directivas del MEF, en un espíritu de gestión por resultados, participación, transparencia y rendición de cuentas.
Estas acciones generales, articuladas, vienen a sentar la institucionalidad en la gestión de los recursos hídricos en el país, las cuales debieran llevar a tener resultados concretos en el corto, mediano y largo plazo, con impactos en la calidad de vida de los peruanos y peruanas, en el desarrollo social económico, equilibrio y protección del medio ambiente, la gobernabilidad, hacia una cohesión como nación peruana.
domingo, 2 de junio de 2013
Politicas y Planes, CÓmo Operativizar?
Publicado en Noviembre 2011
http://www.facebook.com/#!/notes/rosa-de-f%C3%A1tima-d%C3%ADaz/politicas-y-planes-c%C3%B3mo-operativizar/317099181638967
Deseo hacer referencia a un par de documentos, los cuales considero interesantes para tomar en cuenta en nuestra reflexión sobre la actual estructura del Estado y los impactos en su funcionamiento para lograr el ansiado desarrollo equitativo con inclusión social.
Es una buena señal que ya vengamos escuchando la necesidad de articular Políticas y Planes en algunos decisores públicos. Sin embargo, sigue estando en la nebulosa del debate público el cómo operativizarlos.
Les propongo insistir en que el enfoque tiene que ser por OBJETIVOS, en función al ciudadano y no a un Ministerio y, en los niveles de gobierno, pensemos en una mirada territorial. Y qué bueno que el Presidente hoy mencionó el Ordenamiento Territorial.
Pero vuelvo a cómo operativizar, es decir, qué METODOLOGIA para la articulación transversal e intergubernamental. Y aquí reiteramos que sea POR RESULTADOS.
Nuestro país ya ha avanzado en grandes aspectos con esta metodología a través del Presupuesto por Resultados, pero falta ese puente que una el Planeamiento con el Presupuesto en una dinámica holística en la administración pública.
Esto permitirá apuntalar la postergada Reforma del Estado en su organización pensando en los pobladores peruanos y peruanas: GESTION POR RESULTADOS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS.
Y qué bueno que estos principios de gestión de los cuales vengo hablando y escribiendo hace algún tiempo, los vuelvo a encontrar en estos documentos:
1) HACIA UNA NUEVA ARQUITECTURA DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO - CEPAL 2011 (Recomiendo Capítulo III)
2) GESTION PARA RESULTADOS EN DESARROLLO - BID 2010 (Precisa la metodología y muestra cifras de Perú sin avances en el sistema de planificación)
Para terminar, voy a tomar uno de los títulos del último Informe de Desarrollo Humano de PNUD "Seguir haciendo las cosas como siempre no es equitativo ni sostenible" Aqui el link del documento: http://www.beta.undp.org/undp/es/home.html
http://www.facebook.com/#!/notes/rosa-de-f%C3%A1tima-d%C3%ADaz/politicas-y-planes-c%C3%B3mo-operativizar/317099181638967
Deseo hacer referencia a un par de documentos, los cuales considero interesantes para tomar en cuenta en nuestra reflexión sobre la actual estructura del Estado y los impactos en su funcionamiento para lograr el ansiado desarrollo equitativo con inclusión social.
Es una buena señal que ya vengamos escuchando la necesidad de articular Políticas y Planes en algunos decisores públicos. Sin embargo, sigue estando en la nebulosa del debate público el cómo operativizarlos.
Les propongo insistir en que el enfoque tiene que ser por OBJETIVOS, en función al ciudadano y no a un Ministerio y, en los niveles de gobierno, pensemos en una mirada territorial. Y qué bueno que el Presidente hoy mencionó el Ordenamiento Territorial.
Pero vuelvo a cómo operativizar, es decir, qué METODOLOGIA para la articulación transversal e intergubernamental. Y aquí reiteramos que sea POR RESULTADOS.
Nuestro país ya ha avanzado en grandes aspectos con esta metodología a través del Presupuesto por Resultados, pero falta ese puente que una el Planeamiento con el Presupuesto en una dinámica holística en la administración pública.
Esto permitirá apuntalar la postergada Reforma del Estado en su organización pensando en los pobladores peruanos y peruanas: GESTION POR RESULTADOS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS.
Y qué bueno que estos principios de gestión de los cuales vengo hablando y escribiendo hace algún tiempo, los vuelvo a encontrar en estos documentos:
1) HACIA UNA NUEVA ARQUITECTURA DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO - CEPAL 2011 (Recomiendo Capítulo III)
2) GESTION PARA RESULTADOS EN DESARROLLO - BID 2010 (Precisa la metodología y muestra cifras de Perú sin avances en el sistema de planificación)
Para terminar, voy a tomar uno de los títulos del último Informe de Desarrollo Humano de PNUD "Seguir haciendo las cosas como siempre no es equitativo ni sostenible" Aqui el link del documento: http://www.beta.undp.org/undp/es/home.html
lunes, 27 de mayo de 2013
Hacia un Programa Presupuestal para la Igualdad de Género
“El logro de resultados de
desarrollo y rendir cuentas abiertamente por esos resultados debe ser parte
central de todo lo que hacemos. Hoy más que
nunca, los ciudadanos y los contribuyentes de todos los países esperan ver
resultados tangibles de las iniciativas de desarrollo. Demostraremos que
nuestras acciones conllevan efectos positivos sobre la vida de las personas.
Respecto de estos resultados, rendiremos cuentas entre nosotros y ante nuestros
respectivos parlamentos y órganos de gobiernos”. [1]
La expresión de este compromiso de Estado, al que también está suscrito el Perú, demanda esfuerzos de sus autoridades a fin de mostrar resultados tangibles por sus ciudadanos. Parte de ello, son los avances en Políticas de Modernización de la Gestión Publica, con lineamientos generales y alcances en su implementación cuyo proceso está por construirse. Como bien sabemos, los esfuerzos a veces son aislados y desarticulados en los diferentes niveles de gobierno y en ese proceso, la mención de procesos bajo una “cadena de valor” en un enfoque por resultados ya es un gran avance, que, sin embargo, requiere aún más en su institucionalización ya que estos avances en la implementación del enfoque por resultados en la gestión pública peruana, no abordan en su integralidad, por ejemplo, aspectos relativos a la igualdad de género puesto que los diagnósticos no abordan desigualdades de género, no mostrando cómo los problemas afectan a hombres y mujeres.
El Plan Nacional de Desarrollo – Plan Bicentenario[2] y los diferentes planes nacionales no consideran objetivos y resultados para la igualdad de género; a su vez, el Presupuesto Público financia de forma limitada las intervenciones para reducir la desigualdad de género y por el lado de la inversión pública no considera la igualdad de género como un criterio para la priorización de acciones. Del mismo modo, los sistemas de seguimiento y monitoreo no consideran indicadores de género o para la reducción de brechas de género; así como la evaluación no analiza cambios en las disparidades de género y la rendición de cuentas que hacen las autoridades no aborda los avances y dificultades en el logro de la igualdad de género.
Del análisis efectuado al Plan Bicentenario se ha identificado lo siguiente en el ámbito de la igualdad de género:
OBJETIVO NACIONAL 1: Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas
Lineamientos De Política
Promoción de la equidad
5. Eliminar todas las formas de discriminación entre mujeres y varones, y asegurar el acceso pleno de las mujeres a los servicios educativos en todos sus niveles y a las posiciones de decisión pública y privada.
8. Establecer redes de protección a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, discapacitados y demás población vulnerable.
9. Consolidar la titulación de la propiedad de tierras con enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, respetando la diversidad cultural y la vocación natural de los suelos y sin favorecer el cambio de uso.
Objetivo específico 4: Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema
Indicador: Relación entre el salario de hombres y el de mujeres
Indicador: Proporción de altos funcionarios del Estado mujeres
Acciones estratégicas
Fomentar que las mujeres jefas de hogar de familias rurales pobres vinculadas a los programas sociales, conozcan y utilicen mecanismos financieros de ahorro y crédito
OBJETIVO NACIONAL 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos
Diagnóstico:
Educación.- Estadísticas desagregadas por género en Educación Básica
Salud.- Estadísticas de Mortalidad Materna
Seguridad Ciudadana.- Mención a la problemática de la Violencia contra la mujer “…Siendo el número de mujeres preponderante desde la composición poblacional, y conocedores de su incidencia en el desarrollo económico y social, cabe señalar que en cuanto a las relaciones de género, si bien en el país se ha ido progresando en políticas de afirmación que propician el avance de la mujer —como el Acuerdo Nacional, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Ley de Igualdad de Oportunidades—, la violencia aún está latente. Al lograr su autonomía física y económica, la mujer genera nuevas actitudes en relación con su cuerpo, su seguridad y su sexualidad, y tiene acceso a información que le permite un cabal conocimiento de su salud sexual y reproductiva. Al respecto, existe una relación entre la mayor autonomía y el logro de bajas tasas de fecundidad.”
Inversión Social y Calidad De Gasto.- “…Dimensión de la pobreza por reducidas oportunidades para desempeñarse adecuadamente debido a diversas discriminaciones (género, regional, étnica, generacional); inseguridad por situaciones de violencia”; “…si hablamos de igualdad, hay que abolir privilegios y consagrar los derechos de todos los individuos, cualesquiera sean sus orígenes y condiciones de género, nacionalidad, edad, territorio y etnia”; “…Estrategia de transferencias monetarias condicionadas con perspectiva de género como una acción afirmativa para la equidad de género”
Objetivo específico 6: Seguridad ciudadana mejorada significativamente
Acciones estratégicas
Implementar el Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer
Empleo
3. Promover el acceso de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y los discapacitados a los mercados de trabajo.
Como se puede apreciar, en lo relativo a la Igualdad de Género, no existe congruencia entre los objetivos nacionales, lineamientos, objetivos específicos, acciones estratégicas y se han identificado solo dos indicadores relativos a la igualdad de género en el Objetivo Nacional 1.
2. Fortalecer una cultura de respeto y valoración de las diferencias de género
3. Reducir brechas educativas entre mujeres y hombres
4. Mejorar la Salud de las mujeres y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres
5. Garantizar los derechos económicos de las mujeres en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con los hombres.
6. Reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones
7. Incrementar la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones y la participación política y ciudadana
8. Valorar el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales.
2. Fortalecer el espacio fiscal Acumular niveles significativos de ahorro público para afrontar posibles catástrofes con parte de los ingresos de RRNN no renovables para una mayor equidad intergeneracional.
Finalmente y no menos importante, será apoyar el desarrollo de capacidades para el diseño, articulación, coordinación en los procesos funcionales y administrativos, la vigilancia, ciudadanía activa, con sistemas de información integrales con datos desagregados por género con sus especificidades y características. Esto requerirá cambios en el proceso de toma de decisiones y en la forma de implementación de esta política pública: articulación, coordinación y cooperación multisectorial, intergubernamental, con una asignación presupuestal multianual, para la reducción de la desigualdad de género.
La expresión de este compromiso de Estado, al que también está suscrito el Perú, demanda esfuerzos de sus autoridades a fin de mostrar resultados tangibles por sus ciudadanos. Parte de ello, son los avances en Políticas de Modernización de la Gestión Publica, con lineamientos generales y alcances en su implementación cuyo proceso está por construirse. Como bien sabemos, los esfuerzos a veces son aislados y desarticulados en los diferentes niveles de gobierno y en ese proceso, la mención de procesos bajo una “cadena de valor” en un enfoque por resultados ya es un gran avance, que, sin embargo, requiere aún más en su institucionalización ya que estos avances en la implementación del enfoque por resultados en la gestión pública peruana, no abordan en su integralidad, por ejemplo, aspectos relativos a la igualdad de género puesto que los diagnósticos no abordan desigualdades de género, no mostrando cómo los problemas afectan a hombres y mujeres.
El Plan Nacional de Desarrollo – Plan Bicentenario[2] y los diferentes planes nacionales no consideran objetivos y resultados para la igualdad de género; a su vez, el Presupuesto Público financia de forma limitada las intervenciones para reducir la desigualdad de género y por el lado de la inversión pública no considera la igualdad de género como un criterio para la priorización de acciones. Del mismo modo, los sistemas de seguimiento y monitoreo no consideran indicadores de género o para la reducción de brechas de género; así como la evaluación no analiza cambios en las disparidades de género y la rendición de cuentas que hacen las autoridades no aborda los avances y dificultades en el logro de la igualdad de género.
Del análisis efectuado al Plan Bicentenario se ha identificado lo siguiente en el ámbito de la igualdad de género:
OBJETIVO NACIONAL 1: Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas
Lineamientos De Política
Promoción de la equidad
5. Eliminar todas las formas de discriminación entre mujeres y varones, y asegurar el acceso pleno de las mujeres a los servicios educativos en todos sus niveles y a las posiciones de decisión pública y privada.
8. Establecer redes de protección a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, discapacitados y demás población vulnerable.
9. Consolidar la titulación de la propiedad de tierras con enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, respetando la diversidad cultural y la vocación natural de los suelos y sin favorecer el cambio de uso.
Objetivo específico 4: Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema
Indicador: Relación entre el salario de hombres y el de mujeres
Indicador: Proporción de altos funcionarios del Estado mujeres
Acciones estratégicas
Fomentar que las mujeres jefas de hogar de familias rurales pobres vinculadas a los programas sociales, conozcan y utilicen mecanismos financieros de ahorro y crédito
OBJETIVO NACIONAL 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos
Diagnóstico:
Educación.- Estadísticas desagregadas por género en Educación Básica
Salud.- Estadísticas de Mortalidad Materna
Seguridad Ciudadana.- Mención a la problemática de la Violencia contra la mujer “…Siendo el número de mujeres preponderante desde la composición poblacional, y conocedores de su incidencia en el desarrollo económico y social, cabe señalar que en cuanto a las relaciones de género, si bien en el país se ha ido progresando en políticas de afirmación que propician el avance de la mujer —como el Acuerdo Nacional, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Ley de Igualdad de Oportunidades—, la violencia aún está latente. Al lograr su autonomía física y económica, la mujer genera nuevas actitudes en relación con su cuerpo, su seguridad y su sexualidad, y tiene acceso a información que le permite un cabal conocimiento de su salud sexual y reproductiva. Al respecto, existe una relación entre la mayor autonomía y el logro de bajas tasas de fecundidad.”
Inversión Social y Calidad De Gasto.- “…Dimensión de la pobreza por reducidas oportunidades para desempeñarse adecuadamente debido a diversas discriminaciones (género, regional, étnica, generacional); inseguridad por situaciones de violencia”; “…si hablamos de igualdad, hay que abolir privilegios y consagrar los derechos de todos los individuos, cualesquiera sean sus orígenes y condiciones de género, nacionalidad, edad, territorio y etnia”; “…Estrategia de transferencias monetarias condicionadas con perspectiva de género como una acción afirmativa para la equidad de género”
Objetivo específico 6: Seguridad ciudadana mejorada significativamente
Acciones estratégicas
Implementar el Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer
OBJETIVO NACIONAL 4: Economía competitiva con
alto nivel de empleo y productividad
Lineamientos
de PolíticaEmpleo
3. Promover el acceso de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y los discapacitados a los mercados de trabajo.
Como se puede apreciar, en lo relativo a la Igualdad de Género, no existe congruencia entre los objetivos nacionales, lineamientos, objetivos específicos, acciones estratégicas y se han identificado solo dos indicadores relativos a la igualdad de género en el Objetivo Nacional 1.
Esto es preocupante
ya que varias de las Políticas y normas que se vienen aprobando, como la misma Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación, la
Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional, el TUO de la Ley del
Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley de Presupuesto 2013, entre otras, vienen
aludiendo y haciendo mandatorio la articulación del planeamiento a los
objetivos del Plan Bicentenario.
En este escenario es importante señalar la aprobación del Plan Nacional
de Igualdad de Género - PLANIG[3],
concebido bajo el paraguas normativo de la Ley de Igualdad de Oportunidades - LIO[4], en cuyo
Artículo Nº 4, referido al Rol del Estado, establece la necesidad de
implementar políticas públicas bajo una perspectiva de género.
La orientación hacia el logro de resultados es un aspecto fundamental
del PLANIG, toda vez que permitirá medir la eficacia de las intervenciones
públicas para lograr cambios a favor de la igualdad de género y el cierre de
brechas entre los hombres y las mujeres en el proceso de alcanzar cada vez
mejores condiciones para una vida digna y acceder a los servicios y beneficios
que brinda el Estado a través de las políticas públicas.
El PLANIG,
expresa en su Objetivo General que, el Estado Peruano, en sus tres niveles de
gobierno, transversaliza el enfoque de género en las políticas públicas,
garantizando la igualdad de género y la efectiva protección de los derechos
humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de sus
potencialidades y capacidades individuales y colectivas.
El PLANIG tiene los siguientes
Objetivos estratégicos:
1. Promover y fortalecer la transversalización del enfoque
de género en los tres niveles de gobierno.2. Fortalecer una cultura de respeto y valoración de las diferencias de género
3. Reducir brechas educativas entre mujeres y hombres
4. Mejorar la Salud de las mujeres y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres
5. Garantizar los derechos económicos de las mujeres en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con los hombres.
6. Reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones
7. Incrementar la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones y la participación política y ciudadana
8. Valorar el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales.
La labor por
hacer es, articular el Plan de Igualdad
de Género – PLANIG a los objetivos de Política del Acuerdo Nacional, en tanto se hace incidencia pública y política a
fin de contribuir a la mejora en el diseño del Plan Bicentenario para asegurar se incorpore el enfoque de género
en todos sus ámbitos. De igual modo, para la articulación y alineamiento a las Política Nacional de Cooperación Técnica
Internacional, será al Área 1: Inclusión Social y Acceso a Servicios
Básicos, en el Tema Prioritario 3.
Empoderamiento de la mujer y atención a grupos vulnerables.
A estas alturas, es importante hacer mención a un instrumento referencial
para el planeamiento en el mediano plazo y es el Marco Macroeconómico Multianual, el cual contiene las proyecciones
macroeconómicas del país para tres años, desarrollando Principios de Política Fiscal, metas de la política
fiscal; variables macroeconómicas; proyecciones de ingresos y gastos fiscales
en todos los niveles de Gobierno; principales proyectos de inversión pública;
nivel de endeudamiento público e indicadores.
Y es importante hacer esta mención, ya que esas proyecciones apuntan a Lineamientos de Política Económica 2013 – 2015[5],
dirigidos a:
1. Mayor inclusión
social y reducción de la pobreza, para utilizar los
mayores ingresos fiscales permanentes, en una inversión focalizada del gasto
social para generar igualdad de oportunidades, en especial de los excluidos,
para acceder a mayores niveles de bienestar a través de intervenciones
costo-efectivas.
En los Principios
de Política Fiscal 2013 – 2015, entre otros, se rescata:2. Fortalecer el espacio fiscal Acumular niveles significativos de ahorro público para afrontar posibles catástrofes con parte de los ingresos de RRNN no renovables para una mayor equidad intergeneracional.
Es decir, será necesario, situarnos en el marco de la planificación
estratégica de las políticas públicas e incorporar el análisis de género en el
diseño y la gestión de las políticas públicas y articular todos los procesos
desde el diagnóstico, planificación estratégica, operativa, programación
presupuestal y evaluación de los resultados; por lo tanto, también será importante
hacer incidencia pública y política ante el MEF y el BCR a fin de
sensibilizarlos respecto al impacto del cierre de las brechas de género en el
desarrollo sustentable y sostenible del país y la necesidad de asignar mayores
recursos.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, que Preside la Comisión
Multisectorial para la implementación del PLANIG, deberá impulsar la definición
de objetivos y resultados de carácter prioritario para la igualdad de género,
en el mediano y largo plazo, desarrollando
acciones estratégicas para alcanzarlos, haciendo incidencia pública y política
para una efectiva asignación de los recursos necesarios para su implementación
y sostenibilidad, con evaluaciones a partir de la construcción de indicadores
que permitan analizar los resultados y los progresos en el logro de la igualdad
de género
Es de precisar que, más que políticas focalizadas en la mujer se debieran construir
políticas dirigidas a transformar las relaciones de género, lo cual implica
dejar la mirada sectorial para abarcar todos los campos de la sociedad,
economía, ambiente, territorialidad, interculturalidad, así como la diversidad
del sujeto mujer que lleva a otras dimensiones: etnia, clase, grupo etario,
orientación sexual; y es que género incluye a la masculinidad.
El MIMP deberá diseñar e implementar los medios necesarios para que la
intervención esté convenientemente coordinada y se base en pautas de actuación
programadas y planificadas, siendo este uno de los enfoques que orienta al PLANIG,
de modo que la adecuada coordinación entre todos los actores involucrados
permita optimizar los recursos y mejorar la atención a la ciudadanía desde un
punto de vista cualitativo y cuantitativo, dado que la estrategia para la
Igualdad de Género considera tres modalidades de articulación: la
intersectorial, la intergubernamental y la de planes nacionales.[6]
Eliminar las brechas entre hombres y mujeres y alcanzar la igualdad de
género implica la articulación del conjunto de instrumentos de política y
gestión así como acciones política partidaria e informales con actores que
inciden en la política; con agencias de cooperación internacional, de la
sociedad civil y demás actores en conjunto en el marco de sus mandatos y
responsabilidades.
La coordinación para
la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, constituirá el proceso de analizar las
implicancias que tiene para hombres y mujeres cualquier acción planificada,
incluyendo legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los
niveles. Permite hacer de las necesidades e intereses de hombres y mujeres una
dimensión integrada en el diseño, la implementación, el monitoreo y la
evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas
y sociales, de manera que hombres y mujeres se beneficien igualitariamente.[7]
Por ello es que, metodológicamente, en la definición de
objetivos debiera comprender un diagnóstico con una causalidad integral, con
análisis conceptual, explicativo y descriptivo, con indicadores, línea de base
y metas con avances verificables, enmarcados en un Modelo Lógico, es decir, en
un enfoque por resultados, tomando el diseño del PLANIG y ejerciendo
ajustes para sustentar el modelo conceptual, explicativo y descriptivo; y es
que, la clave para lograr la igualdad
de género, es orientar las políticas nacionales a superar las causas
fundamentales de las disparidades de género.[8]
Hecho esto, se habría construido un PROGRAMA PRESUPUESTAL PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO.
Se deberá tener cuidado en la asignación de los recursos, con una definición
clara y una objetiva determinación de metas, productos o servicios que cada
entidad involucrada, así como de sus respectivos costos, a fin de que exista
coherencia entre los insumos que van a ser adquiridos y los servicios que serán
provistos con ellos, con lo cual los presupuestos se dirigirán a cerrar las
brechas. Esto llevará a la transversalización del enfoque de género en todos
los niveles del Estado, con un monitoreo y evaluación permanente de las
políticas a través de indicadores de género e incluso cambios en las relaciones
de género: con nuevos estándares para hombres y mujeres.
Finalmente y no menos importante, será apoyar el desarrollo de capacidades para el diseño, articulación, coordinación en los procesos funcionales y administrativos, la vigilancia, ciudadanía activa, con sistemas de información integrales con datos desagregados por género con sus especificidades y características. Esto requerirá cambios en el proceso de toma de decisiones y en la forma de implementación de esta política pública: articulación, coordinación y cooperación multisectorial, intergubernamental, con una asignación presupuestal multianual, para la reducción de la desigualdad de género.
[1] 3er Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.
Programa de Acción de Accra 2008
[2] Decreto Supremo 054-2011-PCM
[4] Ley 28983, Artículo 4º.- Es rol del Estado, para los efectos de la
presente Ley:
1. Promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
adoptando todas las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que
impiden el ejercicio pleno de este derecho, con el fin de erradicar todas las
formas de discriminación.
2. Adoptar medidas de acción positiva de carácter temporal, encaminadas
acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre, las que no se
considerarán discriminatorias.
3. Incorporar y promover el uso de lenguaje inclusivo en todas las
comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y
niveles de gobierno.
[7] Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 1997
[8] Ana Revenga, codirectora del Informe del Banco Mundial sobre Desarrollo
Mundial 2012: Igualdad de género y desarrollo
sábado, 25 de mayo de 2013
Capacidades en el servicio público para la implementación del plan de modernización de la gestión pública
Entendemos el desarrollo de capacidades
como la habilidad que tienen los individuos, grupos, instituciones y sistemas
en general para identificar y resolver sus problemas; para desarrollar e
implementar estrategias que les permitan conseguir sus objetivos de desarrollo
de una manera sostenible.[1]
Es necesario tomar en cuenta que el
desarrollo de capacidades es un esfuerzo de largo plazo y debe partir por
reconocer que las personas, organizaciones e instituciones cuentan con
capacidades potenciales en las que se puede construir cualquier aprendizaje
nuevo.
En este sentido, es necesario diseñar
estrategias que incidan en tres niveles inclusivos e interdependientes: el
nivel individual, el organizacional y el ambiental [2].
- El nivel
individual es el elemento más importante, ya que se convierte en la base
de la capacidad organizacional. El nivel individual se refiere a la competencia
que tienen las personas de proponerse objetivos y alcanzarlos usando sus
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
- El nivel
organizacional es todo aquello que influya en el desempeño de la
organización, ya sean los recursos materiales (equipos, infraestructura), los
procedimientos, la estructura, los estilos de gerencia y liderazgo, los
recursos humanos con los que cuenta, entre otros.
- El nivel
ambiental alude al contexto y las condiciones necesarias que permiten
demostrar la capacidad, ya sea en los niveles individuales como
organizacionales; por ejemplo, el conjunto de leyes y políticas, reglas,
prácticas y normas culturales, redes sociales, etc.
En la administración pública del Perú, debiera
apuntarse a fortalecer o desarrollar un
conjunto de competencias en los servidores públicos de los tres niveles de
gobierno para una eficiente y eficaz gestión pública, en el marco de los
procesos de modernización, en base a conocimientos, habilidades y actitudes que
generen valor público y una interrelación de Estado-Ciudadanía con objetivos
comunes en un esfuerzo por hacer coincidir intereses del principal-ciudadanos
con mecanismos de incentivos en los agentes-servidores públicos.
Las debilidades de los recursos humanos en la administración pública están
determinadas por múltiples causalidades, que pasan también por una inadecuada
determinación de los perfiles para los puestos y funciones bajo un enfoque por
resultados[3] en
todo el circulo virtuoso que involucra sistemas funcionales y administrativos,
que obviamente requiere procesos de planificación y definición de objetivos
para conocer los insumos (parte de ellos, recursos humanos) requeridos. De ahí
que, a manera de línea de base, se debiera determinar el desarrollo de
capacidades, los mecanismos de evaluación del desempeño e incentivos
necesarios. En este sentido, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
debiera tener claro este círculo virtuoso, a fin de sintonizar con las
necesidades de la administración pública.
En el diseño y articulación de objetivos de política, las
capacidades son disimiles, los órganos de línea que impulsan las políticas no
logran sintonizar con los órganos de asesoría, en especial los de
planificación, que generalmente llevan una gestión en base a presupuestos inerciales
sin mucha orientación hacia la planificación para resultados; por lo tanto, las
propuestas de política al intentar insertarse en los planes y en la
programación, terminan distorsionadas ante un poco entendimiento al alinear lo
planificado con la definición de componentes, metas, acciones y tareas dentro
de una estructura funcional programática.
En los niveles administrativos, se torna más dramático y
en muchos casos termina siendo el gran cuello de botella al no sintonizar con
la política ni lo planificado, si es que hubiera alguna congruencia. Y es que,
por ejemplo, en los procesos de contrataciones y adquisiciones de los insumos
necesarios para llevar a cabo las tareas y actividades que permitirán la
consecución de los productos, muchas veces termina frenando los procesos, sea
por desconocimiento de los mismos o limitantes del marco legal existente. Del
mismo modo, en este ámbito, los sistemas de contabilidad y costos aún son
débiles y no permiten definir los cálculos de los procesos para la obtención de
los productos hacia los resultados.
Hay pues necesidad de
fortalecer capacidades en los recursos humanos de la administración pública, en
especial en los órganos que forman parte del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
- SINAPLAN que debieran definir objetivos alineados a los objetivos de política
nacional, con resultados, productos, actividades y tareas con insumos
necesarios para hacer políticas públicas sostenibles y de impacto en todos los
niveles de gobierno en beneficio de los ciudadanos.
[1] Lusthaus. 1995, Peter Morgan 1996.
[2] Atsushi Matachi. Capacity Building Framework
UNESCO-IICBA. UNESCO - International Institute for Capacity Building in Africa.
2006
Rol de CEPLAN en la coordinación y articulación para la implementación del plan de modernización de la gestión pública
Un Estado unitario y descentralizado requiere
articular y alinear la acción de sus niveles de gobierno, a manera de asegurar
el logro de objetivos y metas de conjunto que contribuyan a equiparar las
oportunidades de desarrollo a las que pueden acceder sus ciudadanos en
cualquier lugar del país.
La descentralización involucra la idea de que los
gobiernos locales, por su cercanía con los usuarios de la administración
pública y el contacto directo con los problemas, proponen soluciones más
eficaces, y también ha respondido a la necesidad de una gobernanza democrática más participativa: un gobierno de proximidad que interactúe
cotidianamente incorporando prácticas de democracia directa. En este contexto
descentralizador, las acciones de gobierno que suponen relaciones en sentido
vertical (entre diferentes niveles de gobierno) y horizontal (entre unidades
administrativas, programas y proyectos de un mismo nivel de gobierno) se
multiplican y superponen en lógicas diferenciadas, en objetivos encontrados y/o
interpretados de distintas maneras que se intentan alcanzar con herramientas
que, muchas veces, son diferentes.[1]
Si bien el proceso de descentralización ha estado
básicamente impulsado por la voluntad política de dirigentes y funcionarios;
sin embargo, su implementación requiere aún de orientaciones, instrumentos
técnicos adecuados, pues surgen una serie de problemas vinculados a la escasa
articulación de las políticas públicas, a la dispersión en la rendición de
cuentas y a la pérdida de coherencia ante la baja capacidad de cooperación
entre actores y niveles de gobierno.
Constituye un reto pues, la coordinación que involucran a
diferentes niveles de gobierno para garantizar una provisión de bienes y
servicios que generen valor para los ciudadanos, por lo que se resalta la
importancia de los procesos de coordinación al crear las condiciones para la
cooperación y colaboración entre actores involucrados y niveles de gobierno.
La coordinación[2],
puede definirse como el proceso de creación o utilización de reglas de decisión
por el que dos o más actores se ocupan colectivamente de un entorno de trabajo
compartido. La necesidad de coordinación surge de la interdependencia, del
hecho que dos unidades de las mismas o diferentes organizaciones compartan un
entorno de trabajo.
Para una eficaz coordinación, el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN deberá tener en cuenta que es
necesario partir de aspectos básicos o criterios[3] como la definición de objetivos estratégicos, sistemas de información,
comunicación, monitoreo y evaluación, participación de los actores claves así
como espacios de diálogo y deliberación para lograr consensos. Para que las políticas públicas se mantengan coordinadas
hasta llegar a los ciudadanos, se requiere poner en juego mecanismos efectivos
de coordinación y cooperación con estas características y criterios, entre los
niveles de gobierno y los ciudadanos de su jurisdicción.
Cabe señalar, que una coordinación debe entenderse
también como un proceso social, político y técnico a la vez, por lo que se deben tomar en cuenta las consideraciones del contexto,
interculturalidad, influencias político-partidarias entre otras, ya que, sea
por coincidencia o no, muchas veces contribuye a comprender mejor el
funcionamiento de las relaciones intergubernamentales, como procesos paralelos
informales. La dimensión técnica tiene especial importancia en la metodología
para la definición de objetivos, indicadores, metas, que involucrarán su
financiamiento-presupuesto debidamente sustentado.
El funcionamiento eficaz de mecanismos
institucionalizados o no, de encuentro, diálogo y coordinación entre gobiernos
y administraciones de uno o más niveles de gobierno y demás actores, deberá
posibilitar una articulación intersectorial efectiva a nivel del gobierno
nacional que deberá correlacionarse con una articulación territorial también
efectiva entre las entidades de distintos niveles de gobierno que convergen en
la implementación de políticas, programas o proyectos en cada ámbito
territorial.
La coordinación intersectorial impulsa la integración de diversos sectores, sobre
la base de la planificación que incluye una dirección macro política. Pensar intersectorialmente no sólo es un desafío técnico
sino también cultural, en tanto requiere de un aprendizaje y supone instaurar
nuevos valores,[4] con particularidades
relativas a actores de sectores de diversas políticas
públicas; involucra tanto prácticas horizontales como verticales; una dimensión política, que está dada por el apoyo y el
compromiso de las autoridades; una dimensión técnica dada por lineamientos de
política, orientaciones, instrumentos, enfoques metodológicos y por supuesto
una planificación participativa, con definición de metas comunes a alcanzar y
el establecimiento de indicadores compartidos respecto de su logro con el
debido financiamiento-presupuesto.
La coordinación
pues, como proceso, apunta a vincular entre sí a diversas entidades y agentes
públicos con el fin de complementar sus recursos y capacidades y articular
objetivos y acciones en espacios intersectoriales e intergubernamentales. Esta
es una necesidad inevitable en el contexto del proceso de descentralización en
curso, en el que tres niveles de gobierno deben coordinar y complementarse a
través de múltiples materias de competencia compartida.
Con esta perspectiva, en el marco de la Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública, CEPLAN deberá impulsar, apoyar y
constituir espacios y mecanismos de coordinación intergubernamental,
interinstitucional e intersectorial en los tres niveles de gobierno, así como
diversas iniciativas y formas posibles de cooperación interinstitucional que
contribuyan a recoger las demandas de los ciudadanos y sus perspectivas de
desarrollo a través de consensos.
Ello, permitirá que el Estado peruano transite progresivamente
hacia un modelo de gobierno multinivel,
en el que los tres niveles de gobierno se reconocen unos a otros, en su
respectivo rol y como conformantes de un mismo Estado; y, producto de
ello desarrollen relaciones de coordinación y complementación en un esquema
flexible de interrelación y colaboración en distintas formas y sentidos, que en
la práctica admite múltiples traslapes de competencias tanto horizontales como
verticales.
Específicamente, es necesario ajustar y subrayar las
acciones relativas a CEPLAN en el último Plan de Implementación aprobado con RM
125-2013-PCM, es decir, liderar no solo los Objetivos Específicos 1 y 2 sino
también el 6 y el 8 relativos al Monitoreo y Evaluación y la implementación de
su Sistema con ONGEI. Del mismo modo, en los lineamientos, como Sistema
Funcional, liderar los objetivos específicos 10, 11 y 12 relativos a la
coordinación y articulación de los objetivos de política nacional.
La tarea y reto de CEPLAN, es brindar a todos los niveles
de gobierno, las políticas priorizadas del Gobierno y los lineamientos
requeridos para la articulación de las políticas públicas, el planeamiento
estratégico y el planeamiento operativo tanto a nivel sectorial como
territorial, para lo cual deberán ser fortalecidas sus capacidades y recursos
como rector del sistema de planeamiento estratégico en el Estado[5],
tal como se señala en el diagnóstico/justificación del problema de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
[1] Fortalecimiento de la gestión:
Coordinación e Interesectorialidad en la gestión de las políticas públicas.
INDES BID. 2012
[2]
Peters. “La coordinación como concepto se refiere a “la necesidad de asegurar
que las distintas organizaciones, públicas y privadas, responsables de la
formación de las políticas públicas, trabajen juntas para no producir
redundancia ni brechas en la entrega de los servicios” 1998.
[3]
Licha Isabel, Molina Carlos y Repetto Fabián. INDES BID 2007
[4] Cunill Grau.
2005
[5]
Decreto Supremo 004-2013-PCM Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública.
Planeamiento en un enfoque por resultados en la modernización de la gestión pública
Parte de una Reforma del Estado y la consiguiente mejora
de la gestión pública, se traduce en el hecho de contar con servidores públicos
comprometidos con la visión de un Estado eficiente, transparente y
descentralizado, tal como lo establece el cuarto objetivo del Acuerdo Nacional,
por lo que, para lograr este reto, es necesario que dichos servidores públicos
se encuentren adecuadamente capacitados y entrenados con las mejores técnicas y
herramientas de la administración moderna, de forma tal, que se logre agregar
valor a la institucionalidad del Estado.
- Formular el presupuesto en función de los objetivos establecidos en los planes.
- Desarrollar y optimizar los procesos de producción, la “cadena de valor” y los sistemas administrativos, con eficacia y eficiencia.
- Reordenar o reorganizar a nivel nacional, regional y local, las competencias y funciones adecuándolas a una organización basada en procesos de la cadena de valor.
- Establecer un sistema de indicadores de desempeño y resultados que permitan monitorear y evaluar.
El Estado peruano, desde el año 2002, cuenta con la Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado[1], la cual
hace referencia al proceso de modernización del Estado en sus
diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un
Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.
En concordancia
con esta norma, se precisa que la administración pública, está orientada al
servicio de la persona, es decir, la organización y toda actividad de una
entidad pública deberá dirigirse a brindar un mejor servicio y al uso óptimo de
los recursos estatales, priorizando permanentemente el interés y bienestar de
la persona, a fin de garantizar un efectivo sistema de rendición de cuentas,
debiendo establecerse mecanismos de gestión verificables e informando acerca de
las razones que fundamentan sus acciones o decisiones[2].
A través del
Decreto Legislativo 1088 se crea el Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico - SINAPLAN y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN, este último como organismo técnico especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de
Ministros, que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, tiene por función conducir el
proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada de
futuro del país en sus diversos sectores y niveles de gobierno, mediante la
coordinación multisectorial, interinstitucional e intergubernamental; así como
desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia
y coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional orientadas al
desarrollo armónico y sostenido del país y al fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho.
Un primer producto de CEPLAN ha sido la promulgación del
“Plan Bicentenario – Perú al 2021”[3],
con los Objetivos nacionales: 1. Derechos
fundamentales y dignidad de las personas 2. Oportunidades y acceso a los
servicios 3. Estado y gobernabilidad 4. Economía, competitividad y empleo 5.
Desarrollo regional e infraestructura 6. Recursos naturales y ambiente; el cual
se encuentra en proceso de revisión, de acuerdo a las disposiciones del
actual gobierno.
En la actualidad, CEPLAN está en proceso de construcción
de metodologías, orientaciones e instrumentos para una articulación del
planeamiento entre todos los niveles de gobierno, que forman parte del SINAPLAN
a fin de asegurar alineamiento entre las políticas
públicas nacionales así como con las territoriales de responsabilidad de los
gobiernos subnacionales, a reflejarse en los Planes de Desarrollo Concertado
(PDC), los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y los Planes Operativos
Institucionales (POI) así como su vinculación con los Programas Presupuestales[4].
La idea es un alineamiento que recoja las demandas de la
población y las brechas a cubrir conjuntamente con una prospectiva consensuada
hacia una cohesión social para un desarrollo sustentable e integral de los
ciudadanos peruanos. Tal perspectiva ya se encuentra expresada en la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública[5],
en la cual se identifica al Planeamiento Estratégico como un pilar de los ejes
de Política de modernización de la gestión pública, además de ser uno de los
Sistemas Administrativos del Estado.
Cabe señalar, que varias de las Políticas y normas que se vienen aprobando,
como la misma Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la
Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional, el TUO de la Ley del
Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley de Presupuesto 2013, entre otras,
vienen aludiendo y haciendo mandatorio la articulación de sus procesos a los
objetivos de política del Plan Bicentenario.
Es por ello que, la articulación y coordinación entre los
diferentes niveles de gobierno, desde el ámbito temático o de Objetivo de
Política, debe darse de manera efectiva, pero sobretodo desde una mirada
territorial, con metodologías, instrumentos, directivas y orientaciones por
parte de CEPLAN que permitan un alineamiento y armonización del Sistema
Nacional de Planeamiento del país.
La gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano, en
la que servidores públicos calificados y motivados se preocupan, en el marco de políticas públicas de Estado,
nacionales, regionales y locales, según las competencias que corresponden a
cada nivel de gobierno, por entender las necesidades de los ciudadanos y
organizan tanto los procesos de producción o actividades (como conjunto de
acciones que transforman los insumos en productos en la “cadena de valor”) como
los sistemas administrativos[6],
con el fin de trasformar los insumos en productos (seguridad jurídica, normas,
regulaciones, bienes o servicios públicos) que arrojen como resultado,
enmarcados en sistemas funcionales que reflejan las políticas públicas, la
mayor satisfacción de los ciudadanos.
En este marco, el planeamiento estratégico, es el gran
engranaje entre los sistemas funcionales y los sistemas administrativos,
monitoreando sobretodo, a nivel de Objetivos Finales-Intermedios (Impacto) y
los Resultados, siendo a su vez uno de los sistemas administrativos que
dinamiza los procesos en la evaluación y retroalimentación.
La gestión pública orientada a resultados se
alcanzará cuando las entidades estén en capacidad de:
-
Establecer objetivos claros y articulados, a niveles
sectoriales así como territoriales (nacional, regional y local), expresados en
metas y resultados.- Formular el presupuesto en función de los objetivos establecidos en los planes.
- Desarrollar y optimizar los procesos de producción, la “cadena de valor” y los sistemas administrativos, con eficacia y eficiencia.
- Reordenar o reorganizar a nivel nacional, regional y local, las competencias y funciones adecuándolas a una organización basada en procesos de la cadena de valor.
- Establecer un sistema de indicadores de desempeño y resultados que permitan monitorear y evaluar.
Es importante
mencionar que, un instrumento referencial para el planeamiento en el mediano
plazo, es el Marco Macroeconómico Multianual, el cual contiene las proyecciones
macroeconómicas del país para tres años, desarrollando Principios de Política Fiscal, metas de la
política fiscal; variables macroeconómicas; proyecciones de ingresos y gastos
fiscales en todos los niveles de Gobierno; principales proyectos de inversión
pública; nivel de endeudamiento público e indicadores.
Y es importante hacer esta mención, ya que en la actualidad, esas
proyecciones apuntan a Lineamientos de Política Económica, dirigidos a un presupuesto público (excluyendo gasto previsional y financiero) formulado
en programas con una lógica de resultados, por lo que se impulsa en avanzar
hacia a la generación y uso de información de desempeño para una asignación más
eficaz y eficiente de los recursos públicos; la introducción de la programación
multianual del gasto; así como el fortalecimiento de la articulación
territorial.
Es decir, se busca generar y usar información de
desempeño para una
asignación más eficaz y eficiente de los recursos públicos a través de los Programas Presupuestales[7],
como Unidades de
Programación de las acciones de
las entidades públicas, las que, integradas y articuladas, se orientan a
proveer productos para lograr un
Resultado Especifico en la
población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de Política Pública.
[2] DS 030-2002-PCM Reglamento de la
Ley de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658
[3] Decreto Supremo No 054-2011-PCM
[4] En la actualidad en el marco del Presupuesto por Resultados
[5] Decreto Supremo No 004-2013-PCM
[6]
Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Art. 45 Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la
administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Son 1.
Gestión de Recursos Humanos 2. Abastecimiento 3. Presupuesto Público 4.
Tesorería 5. Endeudamiento Público 6. Contabilidad 7. Inversión Pública 8.
Planeamiento Estratégico 9. Defensa Judicial del Estado 10. Control. 11.
Modernización de la gestión pública
[7]
Decreto Supremo N 302-2012/EF. TUO de la Ley del Sistema Nacional de
Presupuesto Público. Art. 79.3 Se implementan sujetándose a la metodología y
directivas establecidas por la DGPP-MEF
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