Valor Público en la Gestión Pública

Generalmente la idea de Valor Público nos remite al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones; pero también, “se crea valor sobre todo a través de transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y, prestándoles servicios de calidad”[1]

El Valor Público se define en función a dos esferas, una en función al beneficio generado para los usuarios/beneficiarios/ciudadanos directos y otra esfera en función al beneficio generado al responder a los intereses, aspiraciones y valoraciones de la ciudadanía, comunidad. Los efectos e impactos que la sociedad recibe de la gestión del Estado, es lo que permite producir valor para la sociedad o bien contribuir para que ello ocurra.

Pero no basta que los ciudadanos expresen lo que ellos consideran valioso, sino será valioso en la medida que ellos, tanto individual como colectivamente, estén dispuestos a “renunciar a algo” por obtener Valor Público. El renunciar a algo no implica solamente un esfuerzo monetario (impuestos), sino también en el otorgamiento de poderes coercitivos al estado (para generar seguridad), revelar información privada, dar tiempo y otros recursos (sangre, donación de órganos), que contribuyen al desarrollo y la confianza en la sociedad asi como legitimidad en las acciones del Estado.

Los componentes del Valor Público son: los Servicios, los Resultados y la Confianza.

Los Servicios, están referidos a que los ciudadanos derivan beneficios del uso personal de servicios públicos en una lógica similar a los beneficios derivados del consumo de aquellos comprados del sector privado. La satisfacción de usuario es crítica para el valor público. Existe evidencia que la satisfacción es mayor en servicios considerados como importantes por los usuarios. Los esfuerzos para mejorar los niveles de satisfacción debieran basarse en un entendimiento de la importancia relativa de los diferentes factores en relación a la satisfacción, así como en la manera en que ésta varía a lo largo de diferentes áreas de servicio.

Los Resultados, están referidos a la gestión del Estado que busca cada vez más enfocar su atención en los resultados en función a los intereses, demandas y satisfacción de los ciudadanos.       Los resultados genuinos son hoy vistos como mejores metas que las limitadas medidas de actividad o producto, las cuales corren el riesgo de ser distorsionadas.

La Confianza, está referida a la relación entre Ciudadanos y Estado que decanta de los servicios que influencian en la vida y la libertad (salud y seguridad), pero también el resto de servicios sociales que incluyen educación, baja criminalidad, bajo nivel de desempleo; así como confianza en la transparencia y equilibrio en las relaciones Estado y proveedores. Suele suceder que aún cuando se cumpla el servicio “formal” y las metas de resultado, una falla en la confianza podría destruir el valor público.

El enfoque de valor público fortalece el enfoque por resultados centrado en los ciudadanos ya que obliga a cambiar las interrogantes que nos hacemos en el diseño de políticas públicas y sus estrategias de implementación. Este cambio es clave frente a enfoques convencionales más centrados en lo procedimental administrativo, osea en las actividades y las entregas, sin necesariamente responder por el valor creado como consecuencia de esas actividades y entregas. La oferta de servicios es solo una oferta, hasta cuando no haya una apreciación de ellos por parte de un público receptor, esto es los ciudadanos. La oferta de cualquier bien o servicio no necesariamente genera valor; genera costos[2]. El valor se genera en la medida que un público reconozca el bien o el servicio como respuesta a una necesidad o preferencia y aprecie la calidad del bien o servicio como respuesta adecuada a la misma.

Se genera valor público a través de respuestas a problemas relevantes para los ciudadanos/usuarios o también a través de la apertura de nuevas oportunidades para generaciones actuales y/o futuras, asimismo a través de procesos que construyen comunidad, ciudadanía, democracia y capital social, deliberación, participación, etc. En este sentido, los servidores públicos[3] deben gestionar servicios pertinentes y de calidad, pero a su vez tienen la obligación de informar, responder, rendir cuenta y tratar a todos con el respeto correspondiente a su capacidad de ciudadanos.

La creación de valor público en la generación de resultados aporta la exigencia de abandonar el espacio burocrático o tecnocrático de un entender abstracto de lo que constituye el "bien común"[4] y ejercer procesos iterativos e interactivos que ayudan a discernir y definir lo que el ciudadano prefiere y prioriza, por ende, lo que genera valor para el "público"; también aporta una claridad conceptual asociada con la lógica de una cadena de valor-resultados y centrarse en la acción intersectorial con procesos que efectivamente generen resultados, a través de productos (bienes y servicios) con Impactos o resultados, que generan Confianza que se expresa en la relación Ciudadanos-Estado.

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[1] Valor Público: un enfoque integral para la gestión de políticas. Marco Moreno. Curso Planificación y Gestión Estratégica para las Políticas Públicas, ILPES-CEPAL. Mayo 2009

[2] IBIDEM

[3] Llámese servidores públicos a autoridades, funcionarios, directores, especialistas, asistentes, auxiliares y toda jerarquía en la administración pública.

[4] Valor Público: un enfoque integral para la gestión de políticas. Marco Moreno. Curso Planificación y Gestión Estratégica para las Políticas Públicas, ILPES-CEPAL. Mayo 2009.

Apuntes sobre la coordinación e intersectorialidad en la gestión descentralizada - Perú

Las acciones sectoriales aisladas no garantizan resultados por sí mismas, sino a través de intervenciones del Estado desde diversos ámbitos, en una simultaneidad, transversalización, coordinación, intersectorialidad, articulación y alineamiento en los diferentes niveles de gobierno y con la participación de diversos actores con una gestión descentralizada territorial en una cadena de valor, es decir una intersectorialidad, de no ser así, sin identificar resultados en función a los ciudadanos con implementación multinivel, mirando el territorio, no se tendrán resultados e impactos en beneficio del ciudadano.

El desafío para consolidar la Gestión Descentralizada es definir Modelos de Gestión Descentralizada con Enfoque Territorial o Modelos Específicos[1], lo cual debiera desarrollarse bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad y subsidiariedad, en un trabajo articulado y concertado entre los tres niveles de gobierno, a manera de permitir acercar más el Estado a la población, con eficiencia en la prestación de los servicios públicos en el territorio, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, con pleno respeto de las libertades y derechos ciudadanos, teniendo en cuenta los enfoques de territorialidad, de inclusión, equidad, igualdad de oportunidades, género e interculturalidad.

La Política de Modernización de la Gestión Pública, señala como objetivos específicos, entre otros, promover, apoyar y participar en espacios de coordinación interinstitucional con entidades del mismo nivel como de otros niveles de gobierno, para multiplicar la capacidad de servicio del Estado en beneficio de los ciudadanos mediante la articulación de políticas, recursos y capacidades institucionales; así como fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios para lograr una coordinación eficiente entre las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

En este sentido, siendo el Perú un Estado unitario y descentralizado, se requiere articular y alinear la acción de sus niveles de gobierno, a manera de asegurar el logro de objetivos de política nacional que contribuyan a equiparar las oportunidades de desarrollo a las que pueden acceder sus ciudadanos en cualquier lugar del país.

Si bien el proceso de descentralización ha estado básicamente impulsado por la voluntad política de dirigentes y funcionarios; sin embargo, su implementación requiere aún de orientaciones, instrumentos técnicos adecuados, pues surgen una serie de problemas vinculados a la escasa articulación de las políticas públicas añadida a la débil capacidad gestión y de cooperación entre actores y niveles de gobierno.

En este sentido, siendo la coordinación[2] definida como el proceso de creación o utilización de reglas de decisión por el que dos o más actores se ocupan colectivamente de un entorno de trabajo compartido, la necesidad de coordinación surge de la interdependencia, del hecho que dos unidades de las mismas o diferentes organizaciones compartan un entorno de trabajo; lo cual constituye un reto, pues la coordinación que involucra a diferentes niveles de gobierno para garantizar una provisión de bienes y servicios que generen valor para los ciudadanos, requiere procesos de coordinación que creen condiciones para la cooperación y colaboración entre actores involucrados y niveles de gobierno.

Para una eficaz coordinación, es necesario partir de aspectos básicos o criterios[3] como la definición de objetivos estratégicos, sistemas de información, comunicación, monitoreo y evaluación, participación de los actores claves así como espacios de diálogo y deliberación para lograr consensos. Así, para que las políticas públicas se mantengan coordinadas hasta llegar a los ciudadanos, se requiere poner en juego mecanismos efectivos de coordinación y cooperación con estas características y criterios, entre los niveles de gobierno y los ciudadanos de su jurisdicción.

La coordinación también es parte de un proceso social, político y técnico a la vez, por lo que se deben tomar en cuenta las consideraciones del contexto, interculturalidad, influencias político-partidarias entre otras, ya que, sea por coincidencia o no, muchas veces contribuye a comprender mejor el funcionamiento de las relaciones intergubernamentales, como procesos paralelos informales, complementando la dimensión técnica que tiene especial importancia en la metodología para la definición de objetivos, indicadores, metas, que involucrarán su financiamiento-presupuesto debidamente sustentado.

De acuerdo a Repetto, se entiende por coordinación “al proceso mediante el cual se va generando sinergia entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un campo concreto de la gestión pública, al mismo tiempo que en dicho proceso se va construyendo (o re definiendo en caso de su pre-existencia) un sistema de reglas de juego formales e informales a través de las cuales los actores participantes encuentran fuertes incentivos a cooperar, mas alla de intereses e ideologías particulares, habitualmente en conflicto entre si.”[4]

La coordinación como proceso, apunta a vincular entre sí a diversas entidades y agentes públicos con el fin de complementar sus recursos y capacidades y articular objetivos y acciones en espacios intersectoriales e intergubernamentales. Esta es una necesidad inevitable en el contexto del proceso de descentralización en curso, en el que tres niveles de gobierno deben coordinar y complementarse a través de múltiples materias de competencia compartida en un territorio.

La coordinación es importante para asegurar que los niveles de gobierno e instituciones que implementan las políticas públicas no dupliquen acciones, redundancias o inconsistencias, incorporando la transversalidad, como instrumento intraorganizativo que no afectará la gestión operativa sino más bien el diseño de los objetivos, la planeación y la evaluación[5], lo cual generalmente está asociado a la protección de derechos (inclusión, género, equidad, interculturalidad) u otros denominados “ejes transversales”.

La transversalidad no es un concepto interorganizacional, pero la intersectorialidad si lo es, siendo no solo sinónimo de coordinación interinstitucional, sino que se traduce en integración, que incluye un ingrediente político e implica un grado de intensidad más alto de relación entre los sectores que la coordinación.[6] Al respecto, Granier señala en extremo que, quien es responsable de determinadas metas sectoriales o temporales, no necesariamente suele tener la capacidad para sintetizar y concretar de manera adecuada la visión estratégica de largo plazo que define al gobierno (Estado) en su conjunto”[7]

En este sentido, el gobierno conductor debe mantener la cohesión social y procurar a la vez un cambio estructural estableciendo previamente vínculos de articulación entre los sectores con competencia en la materia[8], respetando y fortaleciendo la autonomía de los diferentes niveles de gobierno así como de actores e instituciones que confluyen en la implementación de las políticas públicas en cada territorio, hacia objetivos comunes de largo plazo.

La intersectorialidad, implica que diversos sectores no solo entreguen a un mismo público objetivo los servicios que son propios de cada uno, sino que de manera articulada, atiendan las necesidades, demandas o prevengan problemas de esos ciudadanos – público objetivo, pues las causas pueden ser diversas y estar relacionadas en sus orígenes. 

La intersectorialidad crea mejores soluciones porque permite compartir recursos (saberes, experiencias, medio de influencia, recursos económicos etc.) que se asignan a cada sector y nivel de gobierno, sea público o privado, asociado con la transformación (producción) de servicios públicos de modo tal que propenden a un cambio integral en los sujetos sociales mismos.[9]

Un aspecto a disernir en la intersectorialidad es el grado de control o influencia que cada sector tiene sobre un objetivo o resultado previsto, pues cuando varios sectores comparten el control de una cuestión o cuando un sector desea influir en un objetivo sobre el cual tiene menos control, la acción intersectorial suele ser la más apropiada.[10]. La coordinación intersectorial pues, impulsa la integración de diversos sectores, sobre la base de Políticas y Planes con una dirección macro política, es decir relativos a objetivos de política nacional hacia los cuales deben mirar los tres niveles de gobierno en su accionar en un alineamiento en la consecución de estos objetivos de política nacional.

Pensar intersectorialmente no sólo es un desafío técnico sino también cultural, en tanto requiere de un aprendizaje y supone instaurar nuevos valores,[11] con particularidades relativas a actores de sectores de diversas políticas públicas; pues involucra tanto prácticas horizontales como verticales; con una dimensión política, que está dada por el apoyo y el compromiso de las autoridades; una dimensión técnica dada por lineamientos de política, orientaciones, instrumentos, enfoques metodológicos y porsupuesto en una dinámica participativa y consensuada, con definición de metas comunes a alcanzar y el establecimiento de indicadores compartidos respecto de su logro con el debido financiamiento-presupuesto.

El funcionamiento eficaz de mecanismos institucionalizados o no, de encuentro, diálogo y coordinación entre gobiernos y administraciones de uno o más niveles de gobierno y demás actores, deberá posibilitar una articulación intersectorial efectiva a nivel del gobierno nacional que deberá correlacionarse con una articulación territorial también efectiva entre las entidades de distintos niveles de gobierno que convergen en la implementación de políticas públicas en cada ámbito territorial, lo cual propiciará la generación de valor público[12], desde el servicio público que brinda el Estado, con resultados para beneficio y satisfacción de sus ciudadanos, induciendo a la confianza y legitimidad en las intervenciones.

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[1] Directiva N° 001-2014-PCM/SD. Directiva para la Formulación e Implementación de Modelos Específicos de Gestión Descentralizada de los Servicios Públicos.

[2] Peters. “La coordinación como concepto se refiere a “la necesidad de asegurar que las distintas organizaciones, públicas y privadas, responsables de la formación de las políticas públicas, trabajen juntas para no producir redundancia ni brechas en la entrega de los servicios” 1998.

[3] Licha Isabel, Molina Carlos y Repetto Fabián. INDES BID 2007

[4] Repetto Fabián, “La dimensión política de la coordinación de programas y políticas sociales: una aproximación teórica y algunas referencias prácticas en América Latina”. 2005

[5] Serra Albert. “La gestión transversal: Expectativas y resultados”. CLAD Reforma y Democracia, núm. 32. 2005.

[6] Cunill-Grau Nuria, La intersectorialidad en las nuevas políticas sociales, un acercamiento analítico-conceptual. Stgo. 2013.

[7] Garnier Leonardo, “Función de coordinación de planes y políticas”. 2004

[8] Prats Joan. Gobernar en tiempos de turbulencias. Instituto Internacional de Catalunya. 2002.

[9] Cordero María Julia, Políticas Públicas para el Desarrollo Local. Mendoza 2010.

[10] Organización Mundial de la Salud - OMS. Equidad en salud a través de la acción intersectorial: Un análisis de estudios de casos en 18 países, informe presentado a la Agencia de Salud Pública de Canadá. 2008.

[11] La intersectorialidad en el gobierno y gestión de la política social. Nuria Cunill Grau. Julio 2005

[12] Según la Real Academia Española, la palabra “valor” significa: grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. A diferencia del sector privado, en el sector estatal son los ciudadanos quienes determinan lo que debe hacer el Estado, expresado mediante procesos de deliberación y representación política.

Pobreza y desigualdad: Perú

La pobreza en el Perú, en términos multidimensionales, afecta a una gran proporción de familias rurales, alto andinas y amazónicas, que se comunica en idiomas vernaculares, siendo pobres históricos y generacionales, debido principalmente a la imposibilidad de acceder a servicios básicos de calidad y a oportunidades de desarrollo personal y económico.

Por otro lado, existe una pobreza, que siendo menos extrema, es igualmente crónica vista en su conjunto y es mayoritaria en zonas rurales y urbanas con ciertos servicios públicos y recursos más adecuados para la actividad económica. A la par, hay una pobreza que se podría señalar como “nueva”, resultante de las crisis económicas y ubicada geográficamente, sobre todo en las ciudades intermedias y grandes.[1]

La situación de la pobreza, en esta década, ha registrado una importante reducción, según los entendidos, una de las más rápidas y significativas en la historia mundial. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, ya al 2011 la pobreza se redujo al 27.8% del 59.4% en el 2004, es decir, 6.7 millones de peruanos salieron de la pobreza en ese periodo. La pobreza extrema, se redujo del 16%  en 2004 a 7% en 2011, el nivel más bajo en la historia.

En el 2012 la pobreza en Perú afectó al 25.8% de la población y la incidencia de la pobreza no excedió en ningún departamento el 65%, mientras que en el 2004, 14 departamentos superaron dicho nivel. Por otro lado, en el año 2004 ningún departamento presentó menos de 33% de pobreza; mientras en 2012, 14 departamentos presentaron tasas de pobreza menores a dicha cifra.

Si bien entre el 2011 y el 2012 la pobreza pasó del 27,8% al 25,8% de los 30 millones de habitantes, una reducción que benefició a 509.000 personas, aún 7.800.000 peruanos se encuentran en situación de pobreza. En cuanto a la pobreza extrema llegó a 1.800.000 personas, un 6% de la población, 0,3% (69.000 personas) menos que el año anterior. Las áreas rurales son las que concentran mayor nivel de pobreza en Perú. A pesar de que ese indicador cayó en 3,1%, más de la mitad (53%) de la población de esas zonas del territorio es pobre, el doble de la medida nacional.

Y es que Perú ha sido en la última década una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, con índices de expansión promedio entre 5% y 6%, lo que ha permitido una paulatina mejora de los sectores más pobres. El crecimiento sostenido de la economía, el incremento de la inversión privada, el mayor empleo y los mejores niveles de ingresos provenientes del trabajo y los programas sociales, han contribuido en la reducción de la pobreza, precisando que un estudio sobre la descomposición de la reducción de la pobreza, muestra que el 80% de la reducción de la pobreza está explicado por el crecimiento económico, pues se ha traducido en un aumento en la cantidad y la calidad del empleo y, por tanto, en una reducción de la pobreza y una mejora del bienestar.

Expertos hacen notar que de no haberse aplicado políticas sociales focalizadas la pobreza hubiera sido 4 puntos porcentuales más elevada, pues el crecimiento macroeconómico puede generar desigualdad ya que no todos tienen las mismas capacidades para aprovechar las oportunidades. Además otros señalan que si el crecimiento de la economía "hubiese estado mejor repartido" podría haber 0,4% menos de pobres.

Cabe señalar que, el costo promedio de la Canasta Básica de Consumo se estima en 284[2] nuevos soles por persona y en los pobres extremos es aquel cuyo gasto es de 151 soles mensuales, monto que no alcanza para cubrir el costo de una canasta mínima alimentaria. Dadas las diferencias preexistentes entre distintos grupos de la población, el crecimiento económico ha llevado a unos grupos a reducir sus niveles de pobreza más rápido que a otros. En ese sentido, en el Perú, la pobreza se ha vuelto un problema predominantemente rural.

Según el INEI, el 81% de los individuos calificados como pobres extremos vive en zonas rurales, por ello, algunos expertos[3] critican que el acceso a oportunidades no ha mejorado en la medida que podría haberlo hecho, considerando el notable aumento de recursos fiscales a raíz del crecimiento económico y del boom de los precios de los minerales, que constituyen los mayores ingresos fiscales.

Por ello considero, que debiera incidirse en dirigir recursos hacia la protección de la primera infancia, como capital humano, más aún disponiendo de un bono demográfico a proteger, asimismo, apostar por la universalización de la educación, salud con mecanismos eficientes en su gestión para lograr una oferta de calidad. Igualmente, lograr un aseguramiento universal con estrategias de financiamiento compartido e intercambio prestacional asi como principios de solidaridad.

Asegurar recursos fiscales para proseguir con las transferencias monetarias condicionadas asi como con programas de desarrollo productivo y la inversión en infraestructura, servicios básicos, caminos y carreteras, agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones, en especial en zonas rurales, al igual que Programas Sociales solidarios para adultos mayores en situación de abandono y vulnerabilidad, aprovechando más bien capacitación y experiencia en aquellos que pudieran estas disponibles, en una dinámica de gestión del conocimiento.

Articular la educación terciaria de calidad, proyectando a una matriz productiva diversificada y mejorando la productividad con innovación tecnológica y competitividad a través de esta mejora sustancial del capital humano, incorporándolo a las actuales demandas de la cadena productiva y articulando políticas de descentralización fiscal que generen incentivos a la inversión y sana competencia entre regiones para generar más empleo, protegiendo el medioambiente, en un marco de ordenamiento territorial, con mecanismos de consulta y participación que contribuirán a la gobernabilidad.

Por ser un país diverso y pluricultural, que además concibe patrones culturales enraizados en la discriminación, machismo e inequidades diversas, el enfoque intercultural y de género es sustancial para lograr la inclusión social y la reducción de la pobreza con equidad, por lo que se requieren políticas afirmativas para un involucramiento y empoderamiento, para lograr un desarrollo humano integral que incorpore una mirada holística con enfoque de derechos, en la que la participación política, comunitaria, decisoria será un ejercicio de ciudadanía activa que aportará a la cohesión social.   

El reto es sobretodo, reducir la pobreza rural, la desnutrición crónica, las brechas en el acceso a agua potable, saneamiento y electricidad, mejorar la calidad de la educación pública, reducir las brechas de acceso a los servicios de salud de calidad; y articular las políticas de desarrollo e inclusión social a políticas de desarrollo productivo. La mayor inclusión social y la reducción de los conflictos sociales redundará en un mejor entorno para la inversión y el crecimiento sostenido.

Los lineamientos de política macroeconómica debieran asegurar pues recursos para lograr esta inclusión social y reducción de la pobreza, a través de la utilización de los mayores ingresos fiscales permanentes, en una inversión focalizada del gasto social para generar igualdad de oportunidades. Asegurar ingresos a través del aumento de la presión tributaria, combatiendo la  evasión, el contrabando con mayor formalización y fiscalización, en lucha frontal contra la corrupción. Incidir en la mejora de la gestión pública en un enfoque por resultados, centrado en el servicio al ciudadano, esto permitirá la expansión focalizada y articulada del gasto social.

Un ejemplo de una estrategia articulada en un enfoque por resultados, que ha tenido un impacto valioso, es la reducción de la desnutrición infantil, a través del Programa Articulado Nutricional – PAN, con la reducción del 30%, en 2004, a 20%, en 2011 en menores de cinco años y el promedio nacional del 2007 en 29.5% al 18.5% en el 2012.

Se apunta pues, a aplanar el piso del acceso a las oportunidades, para reducir aún más la pobreza y fortalecer las bases del desarrollo sostenible del país.

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[1] Politicas para Superar la Pobreza – CIAS – PCM 2005

[2] Tipo de Cambio promedio S/. 2.80

[3] Midiendo la desigualdad de Oportunidades. Banco Mundial. 2008

Las “Familias de Puestos” en la Ley del Servicio Civil

Adelanto que esta nota no está referida a aspectos de derecho laboral, evaluación del desempeño u otros aspectos importantes que requieren otro análisis exclusivo. Más bien, aquí deseo hacer unas reflexiones desde los procesos de la gestión pública, con relación a un gráfico que vi en el Dictamen de la Comisión de Presupuesto, cuando se estaba debatiendo el Proyecto de Ley.

Pues este grafico está referido a las Familias de Puestos, el cual me llamó mucho la atención con relación a qué criterios habían tenido para esa clasificación y definir tales niveles.

El Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica, en el ítem III Análisis, 3.2 Proyecto de Ley del Servicio Civil, 3.2.5 Estructura del Nuevo Servicio Civil, señala que “…al agrupar los puestos en relación a propósito, funciones, características similares, tenemos familias de puestos, las cuales están directamente vinculados a los procesos requeridos para una finalidad especifica de la Entidad…”. Terminado el párrafo, presentan un gráfico en barras titulado Niveles Familias de Puestos, en el cual en cada barra se ha titulado de la siguiente manera:

-          Financieros – 4 niveles
-          Administración – 5 niveles
-          Reguladores – 12 niveles
-          Diseñadores de políticas – 4 niveles
-          TIC – 4 niveles
-          Implementadores de servicios – 5 niveles

Les comento que hice la consulta a SERVIR, quienes gentilmente siempre responden mis consultas pero de esta no recibí respuesta.

Aprobada la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, leí nuevamente buscando hallar respuesta a mi consulta sobre las “Familias de Puestos”. Pues, en primera instancia en el Art. 3 Definiciones, señalan:

Puestos: Conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición dentro de una entidad, así como requisitos para su adecuado ejercicio. Se encuentra descrito en los instrumentos de gestión de la entidad.
Familia de Puestos: Conjunto de Puestos con funciones, características y propósitos similares. Cada familia de puestos se organiza en niveles de menor a mayor grado de complejidad de funciones y responsabilidades.

Nada más, sin grafico ni nada. Seguí leyendo y en el Titulo IV encontré el DE LOS GRUPOS DE SERVIDORES CIVILES DEL SERVICIO CIVIL, donde se menciona, en resumen, que existen los siguientes grupos:

-       FUNCIONARIOS PUBLICOS:
·         Funcionarios Públicos por elección popular, directa y universal.
·         Funcionarios Públicos de designación o remoción regulada: CNM, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo etc.
·         Funcionarios Públicos de libre designación o remoción: Son de confianza, hasta Secretarios Generales, Gerente General en Gbnos. Regionales y Gerente Municipal
-       DIRECTIVOS PUBLICOS
Ingreso por concurso, con periodo de prueba entre 3 y  6 meses, contrato por 3 años renovables hasta en 2 oportunidades. Renovación en base a evaluación anual de cumplimiento de metas institucionales.
-       SERVIDORES CIVILES DE CARRERA
Cumplimiento de funciones sustantivas y de administración interna. Ingresa por concurso público abierto (cualquier ciudadano y servidor publico) y transversal (que ya estén en la administración publica).
-       SERVIDORES DE CONFIANZA
No más del 5% de puestos previstos en la entidad y no menor de 2 ni mayor de 50.

En estos días he estado atenta a los debates en diferentes espacios y a las declaraciones que vienen dando funcionarios de SERVIR en un afán de aclarar, como ellos dicen y de alguna manera calmar las protestas que se han manifestado desde su debate en el Congreso. Claro, esto ha debido hacerse antes, pero bueno, ese es análisis político para otra nota.

SERVIR y la misma Ley hace hincapié que esta norma se implementará a través del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y las diversas oficinas de Recursos Humanos de la administración pública y es por esta razón, según manifiestan, que ya desde un tiempo atrás han venido capacitando a servidores de esas áreas. Pero, es que acaso las metas institucionales, las necesidades de recursos, no solo financieros, sino humanos, entre otros, se definen en las áreas de recursos humanos? No es acaso que han empezado por el último eslabón?

Las metas institucionales, relacionadas a productos, resultados intermedios, resultados finales, objetivos de política en función al beneficio del ciudadano, se definen en las Áreas de Planeamiento y el diseño de procesos y recursos necesarios se definen en las áreas de Racionalización, adscritas a Planeamiento. Entonces, cómo es que las oficinas de recursos humanos van a definir los perfiles, funciones sino tienen claro cuáles son las metas y objetivos institucionales.

Pero no solo eso. Si aún como país, no definimos objetivos de política, con indicadores, metas, líneas de base que implementen los sistemas funcionales, cómo es que vamos a definir las metas institucionales?. Del mismo modo que ahora, como meros parches por aquí y por allá sin una articulación debida que eche a andar la maquinaria del Estado de manera sincronizada para mejores resultados e impacto en el ciudadano y la sociedad.

Entonces, hablar de Familias de Puestos, caracterización, valorización, perfiles y concursos con puestos nuevos, es algo incierto, si antes no se definen objetivos de política, ordenamiento de la rectoría de los sistemas funcionales, para definir metas institucionales. Y a esto añado que si a algo debieran acercarse para definir las Familias de Puestos tal vez sería a la Cadena de Valor definida en la Política de Modernización de la Gestión Pública y los Ejes de Política en la cual se articulan los sistemas funcionales y administrativos. Considero ese debiera ser el referente para definir Familias de Puestos, de lo contrario sospecho continuará una desarticulación en los procesos de gestión.

Recién después de esto se podrán definir, funciones, perfiles, responsabilidades, con indicadores, metas individuales y en equipo para la evaluación del desempeño, con los consiguientes mecanismos de incentivos. Definida la sombrilla mencionada en párrafos anteriores, la tarea será desarrollar instrumentos para su aplicación.

Cabe señalar que la ley aprobada, en sus DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, DISPOSICION DUODECIMA, referida a la “Transparencia y compromiso con el ciudadano”, señala publicar los 31 de diciembre de cada año, las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios y productos que entregan al ciudadano y que SERVIR Y CEPLAN deberán elaborar los instructivos necesarios. Pues aquí está la tarea en la que deberán tomar en cuenta, es decir, los pasos señalados líneas arriba, antes de definir las metas institucionales señaladas.

Finalmente, la Ley menciona que se implementará en un plazo máximo de 6 años, señalando en sus DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS – TERCERA: PROCESO DE TRANSICION DE LAS ENTIDADES AL REGIMEN CIVIL, los siguientes pasos a seguir:

-          Análisis situacional con mapeo actual de los puestos, análisis de los servicios a prestar y carga de trabajo
-          Propuesta de reorganización, simplificación de procesos, definición de perfiles, cantidad de puestos en coordinación con SERVIR
-          Valorización de los puestos en coordinación con SERVIR y el MEF
 
Creo que los pasos a seguir van mucho más allá que una reorganización interna con un mapeo y propuesta de puestos. Las metas institucionales no son aisladas ni garantizan resultados por si mismas dentro de una sola institución, sino a través de intervenciones del Estado desde diversos ámbitos, en una simultaneidad, una transversalizacion, coordinación, alineamiento y articulación en los diferentes niveles de gobierno. Mientras no se ordenen estos aspectos, seguiremos con intervenciones aisladas que no generan los resultados e impactos necesarios. Si los recursos humanos del Estado no están dentro de esa dinámica, por mejores cuadros que tengamos, que considero existen en la administración pública, no será suficiente sin puestos que funcionen en una cadena de valor y garanticen la provisión de bienes y servicios que generen resultados e impactos en beneficio del ciudadano.