lunes, 20 de marzo de 2017

DECLARACIÓN POR LA DESCENTRALIZACION

DECLARACIÓN POR LA DESCENTRALIZACION
Análisis y propuestas para avanzar en el proceso

El proceso de Descentralización, iniciado en el 2002, tiene por finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país. En un contexto de crisis como el actual, en el que 20 regiones del país se encuentran en emergencia, debe ser motivo de revisión y reflexión en el Estado, la forma de pensar la organización y la gestión del territorio nacional, valorando la necesidad de planificación y de una verdadera descentralización de la gestión pública, acompañada de recursos y capacidades en los tres niveles de gobierno. Como país, necesitamos ir construyendo rutas de cambio que hagan del proceso de descentralización un pilar más sólido, como principio que es, de la Reforma del Estado.

Vista la última normatividad[1] emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros, coincidimos en que es necesario “Maximizar el valor de los territorios”, identificando las potencialidades de los mismos así como incorporando acciones como la gestión de cuencas y conceptos como el de innovación desde un enfoque territorial, que contribuyan a lograr una gobernanza en todo el territorio nacional para garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

Sin embargo, hay elementos que no resultan claros y hacemos mención de ellos, en una perspectiva del fortalecimiento hacia un Estado eficiente y descentralizado:

1.      La instancia encargada de impulsar el proceso de Descentralización como la Secretaría de Descentralización ha pasado a ser un órgano de tercer nivel debajo del nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo rol aún no es claro.

2.      No queda clara la relación del Consejo de Coordinación intergubernamental - CCI a cargo del despacho de la PCM y su relación con los GORE Ejecutivos que se vienen realizando desde que inició este gobierno.

3.    El rol de las Agencias Regionales de Desarrollo, instancias recientemente creadas pueden afectar la autonomía y liderazgo de los Gobiernos Regionales y el equilibrado ejercicio de poder entre los tres niveles de gobierno.

4.      El desarrollo de capacidades institucionales para la gestión descentralizada es el gran tema ausente en la reciente normatividad. La acción de “fortalecimiento de la descentralización” va más allá de la rectoría de SERVIR en el sistema de gestión de los recursos humanos de las instituciones públicas, debiendo comprender desde un enfoque más amplio, a otras dimensiones de capacidad estatal, derivadas de los diversos sistemas de gestión pública, la cultura institucional y los procesos de relacionamiento del Estado con los ciudadanos, a fin de retroalimentar la política pública, con resultados más legítimos, asegurando la generación de valor público.

5.      La ausencia en la normativa aprobada de acciones de diálogo, participación y consenso, así como la repetida mención a la frase “política de Gobierno”, con dirección desde el Ejecutivo, refleja un espíritu centralista. Asimismo, preocupa la ausencia de referencias explícitas a las Políticas de Estado, haciendo vulnerable todo proceso de cambio desde un enfoque descentralizador e intergubernamental con visión de futuro compartido.

6.      La promoción del desarrollo solo desde la perspectiva del desarrollo económico no garantiza un desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades. Es clave considerar dimensiones como la multiculturalidad, el enfoque de género, la diversidad del territorio, la construcción de capital social, el relacionamiento del Estado-Ciudadanía en la búsqueda de un desarrollo humano integral que instale capacidades que permitan a los peruanos y las peruanas ser capaces de disponer y transformar sosteniblemente los recursos en su entorno para la construcción de su futuro desde su propia cosmovisión.

En este marco, declaramos que es necesario rescatar a la Descentralización como Política de Estado, de tal forma que pueda ella inspirar la construcción de un sentido común renovado en la forma de diseñar las políticas públicas, esto es, de manera participativa, democrática y consensuada entre los tres niveles de gobierno, centrada en los ciudadanos, mediante una gestión pública descentralizada dirigida a la entrega de servicios públicos de calidad enfocados en resultados que impacten en la calidad de vida de los peruanos y las peruanas, con visión compartida de futuro en cohesión social.

Esperamos la apertura del gobierno para analizar lo expuesto y consensuar lineamientos de política hacia un verdadero Estado Unitario y Descentralizado, con gestión eficiente al servicio de los ciudadanos.
  
Lima, 18 de marzo del 2017

Firman:
Patricia Correa Arangoitia - Lima
Ángel María Manrique – Arequipa
Rosa de Fátima Díaz – Lima
Richard Moreno - Ancash
Patricia Carrillo Montenegro – Lima
Jorge Luis Sandoval - Amazonas
Elizabeth Salcedo – Lima
Jeanete Castillo Tocto - Piura
Flavio Ausejo Castillo – Lima
Dante Coasaca Núñez – Cusco
Nestor Valdivia – Lima
Guido Rospigliosi - Arequipa
Mirco Henry Miranda Sotil – Lima
Raúl Mauro Machuca – Lima
Olenka Gálvez Villanueva - Lambayeque
Patricia Andrade - Lima
Carlos Rivera Rua - Lima
Carlos Barrenechea Lercari – Lima
Maria del Carmen Panizzo – Lima
Giovanna Blanco Pretel – Cajamarca
Carlos Silva Flores - Lima
Yanet Palomino Madueño – Lima
Yvan Pérez Solf - Lambayeque
Delfin Pino Martínez – Lima
Patricia Concha Flores – Lima
Tellys Paucar – Lima
Celia Menzala - Apurímac
Leonardo Paz Puelles – Lima
Juan Carlos Pacora – Lima
Félix Palomino Quispe – Lima
Julio Francisco Ríos - Lima
Delfina Varillas Varillas – Lima
Román Aller Zárate – Lima
Jaime Paredes Calla – Lima
Ana Otárola Pinedo – Lima
Karl Ygor Perez Solf – Lima
Olenka Ochoa Berreteaga – Lima
Manuel Santos - Lima
Siguen firmas…



[1] Decreto Supremo Nª 017-2017-PCM y Decreto Supremo Nª 022-2017-PCM

jueves, 9 de marzo de 2017

El nuevo ROF de PCM y su rectoría sobre el proceso de Descentralización

Luego del DS 017-2017-PCM publicado el 13 de febrero, al que aludí en mi Nota anterior, el 27 de febrero a través del DS 022- 2017-PCM se publica el nuevo ROF de la PCM, que incluye la creación del Vice Ministerio de Gobernanza Territorial teniendo a la Secretaría de Descentralización como órgano dependiente de este Viceministerio.
En principio, se observa que el marco legal no alude a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ni a la Ley Orgánica de Municipalidades, pero si a la Ley de Bases de Descentralización, Ley de Mancomunidad Municipal y la Ley de Mancomunidad Regional. Vacío preocupante si hablamos del proceso de descentralización.
El organigrama muestra, dependiendo del Despacho de PCM, al nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial estando a la par de la Secretaria General, lo cual transgrede los principios de Administración.
La Secretaria General cuenta con 4 Secretarias que tendrán un rol al mismo nivel que la SG(??): Coordinación, Comunicación Social, Gestión Pública y Gobierno Digital.
A su vez el Viceministerio tiene 3 Secretarias: Descentralización, Gestión Social y Dialogo y Demarcación y Organización Territorial.
Señala como función del despacho de la PCM:
- Dirigir el proceso de descentralización del Poder Ejecutivo y supervisar avances en coordinación con los GRs y GLs
- Desarrollar dirigir y coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes del Estado, organismos autónomos, los otros niveles de gobierno y sociedad civil. Llama la atención diferenciación de GN con GR y GL como ejecutores, pues podrían ser vistos como parte del Ejecutivo. Análisis para otro ámbito incluyendo la LOPE.
- Presidir y convocar el Consejo de Coordinación Intergubernamental - CCI. Pero no vuelve a ser mencionado a lo largo del ROF, esperando no se continúe con las dinámicas de los GOREs, de carácter logístico, snipólogo y de “destrabe” administrativo que los subordinados no ejecutan.
- Propone “objetivos de gobierno” en el marco de la “política general de gobierno” y “apoya” al Pdte de la Republica en la gestión de ésta; lo cual es preocupante porque nuevamente se vuelve al inmediatismo y la falta de planificación para tener una visión de mediano y largo plazo y hacer hincapié en Políticas de Estado y no de gobierno. Sin embargo, en siguiente párrafo señala “Coordinar la planificación estratégica concertada del Poder Ejecutivo en el marco del SINAPLAN”. Entonces, ¿cómo quedan las “políticas de gobierno”?
Se evidencia una primacía en detalle en las funciones de la Secretaria de Gestión Pública, resaltándose dos funciones relativas al proceso de descentralización:
- Detectar la duplicidad de funciones y proponer medidas correctivas y su delimitación. Se entiende en la cadena de valor y los tres niveles de gobierno.
- Realizar acciones de mejor atención al servicio del ciudadano y mejora continua, así como implementación del Modelo de Gestión por Resultados en todos los niveles de gobierno.
Estas funciones tienen mucho que ver con el diseño de modelos de gestión descentralizada que se impulsaban desde la SD y se señalaban en el DS 047-2009-PCM pero que en este ROF los asume la SGP, sin ningún rol para la SD.
Otro error de diseño de este ROF, se refleja en una de las funciones de la Subsecretaria de Administración Publica de la SGP relativa a “Realizar acciones de coordinación y apoyo al proceso de vinculación del Perú a la OCDE, así como el seguimiento a la implementación de las recomendaciones, estándares y buenas prácticas de política pública formuladas por dicha organización.” Al igual que en la época del TLC que se lo ponía como sustento para aprobar DSs; ¿Es que acaso no tenemos iniciativas propias para implementar nuestros lineamientos de Estado? ¿Es que es necesario mencionar a un Organismo internacional intergubernamental en un ROF? Parece que hubiéramos retrocedido 15 años con estos errores.
Como órgano dependiente del Viceministerio de Gobernanza Territorial, se rescatan para análisis, las siguientes funciones de la Secretaria de Descentralización:
- Con ámbito de acción en los “Departamentos, provincias y CUENCAS”, mezclando la delimitación política administrativa con la variable cuenca, que, si bien es positivo incorporarla pues, desde los Conejos Locales de Cuencas su labor contribuye a la sostenibilidad del territorio, siendo buen punto de partida para pensar en la regionalización; sin embargo, esta redacción es poco uniforme y se muestra confusa.
- Incorpora el término “maximizar el valor de los territorios”, similar al que se usa en términos económicos de “maximizar la utilidad”, ¿podremos entender que se refiere a lo que llamábamos identificando las potencialidades de los territorios?
- Incide a lo largo de las funciones en un rol “facilitador” del desarrollo económico
- “Articular el despliegue coordinado de la política nacional, sectorial y multisectorial en el territorio, en los diferentes niveles de gobierno” Esta función es tan todista y que lleva a duplicar con la Secretaria de Coordinación y de Gestión Pública.
- “Identificar y generar mecanismos para desarrollar soluciones a problemas de gestión territorial que requieren la participación del gobierno nacional” ¿Esta no la han puesto como función de la SGP?
- “Identificar proyectos prioritarios que requieran participación del GN” Osea una especie de pivot administrativo?
- “Desarrollar mecanismos de articulación de las intervenciones del PE con los GRs y GLs” Al final del ROF se entiende la razón de esta función con las “Agencias Regionales de Desarrollo”. Centralismo extremo, repetición de modelos tipo Conecta MEF con funciones desconcentradas no descentralizadas.
- “Brindar asistencia técnica a los GR y GL para el desempeño de sus funciones”. Invisibiliza el rol articulador y de alineamiento con el GN en la cadena de valor.
- “Promover la asociatividad territorial” para efectos solo de las mancomunidades?
La Secretaria de descentralización tienen 3 subsecretarias: De Desarrollo territorial, De Articulación Regional y Local y de Fortalecimiento de la Descentralización.
o La primera incide en:
- Poner énfasis en la facilitación del desarrollo económico
- Instrumentos y mecanismos para la “identificación y articulación de las políticas y proyectos prioritarios en el territorio”
- Coordinar y apoyar técnicamente …. para ”promover objetivos de convergencia regional” cuando corresponda. ¿Y la planificación?
o La segunda señala:
- Implementar los instrumentos y mecanismos de coordinación en el territorio desarrollados por la Secretaria. ¿Mecanismos para qué? ¿Para precisar su rol de pivot administrativo
- Coordina el “despliegue de prioridades de GOBIERNO en el territorio” informando a la OFICINA DE CUMPLIMIENTO DE GOBIERNO E INNOVACIÓN SECTORIAL. Nueva oficina creada dependiente del Despacho PCM. ¿Y CEPLAN?
- “Coordinar la acción conjunta de las instancias DESCONCENTRADAS del Poder Ejecutivo”. Esta fue la distorsión total de la descentralización.
- “Realizar la facilitación del desarrollo económico en el territorio”. A estas alturas para estas funciones no era necesario darles nivel de unidad orgánica a estas subsecretarias, pues son acciones centralistas que podrían ir en las Secretarias de la Secretaria General.
- “Promover y facilitar la continuidad de la inversión pública y privada en los territorios”. ¿Esto no es rol de Pro Inversión que duplica funciones de los GRs?
- “Coordinar y facilitar la identificación de prioridades territoriales de desarrollo e innovación” Este rol debiera ser articulado al sistema de planificación nacional no hacer funciones paralelas sin norte.
- “Identificar problemas de gestión territorial” Gestión de qué? ¿Administrativa?
o La tercera subsecretaria:
- “Brindar asistencia técnica a los GR y GL para el desempeño de sus funciones”. Invisibiliza el rol articulador y de alineamiento con el GN en la cadena de valor.
- “Identificar temáticas para reducir brechas de conocimiento” La gestión del Conocimiento y el desarrollo de capacidades no se identifican sin un enfoque de competencias institucionales e individuales en el marco de objetivos a alcanzar. Se muestra conocimiento superficial al respecto.
- “Llevar el Registro de Juntas de Coordinación Interregional”. ¿Existe alguna conformada y funcionando?
Toda esta confusión y contradicciones a un espíritu descentralista, se haya enunciado en el Título III del ROF referido a “Mecanismos de Coordinación”, en el cual señala “Las AGENCIAS REGIONALES DE DESARROLLO se constituyen como mecanismos de coordinación y articulación intersectoriales e intergubernamentales en un territorio delimitado por elementos administrativos, económicos y/o funcionales. Son promovidas y dirigidas por la Secretaria de Descentralización de la PCM, para conducir la articulación de las ENTIDADES DEL GN EN EL TERRITORIO, facilitar la coordinación intergubernamental en torno a las PRIORIDADES DEL GN y promover con los GR y GL las acciones públicas, requeridas para potenciar la económica y el capital social de los territorios”
Es decir, estas AGENCIAS REGIONALES DE DESARROLLO se convierten en instancias paralelas a los Gobiernos Regionales que articularán las “prioridades de gobierno”, echando por tierra al proceso de descentralización y planificación del Estado.
En general, es un documento confuso, que refleja un diseño sin un trabajo conjunto, integral y en equipo de la PCM, con descoordinación en las funciones señaladas, con duplicidades en las funciones como de coordinación y una nebulosa en la función que corresponde a la rectoría del proceso de descentralización.
Llama la atención que no se han dado opiniones respecto a los dos Decretos Supremos, llámese ANGR, AMPE, REMURPE e incluso la Comisión de Descentralización del Congreso, pues, sobre qué marco normativo va a Fiscalizar ahora que se han eliminado las normas de implementación del proceso. Es necesario abordar a estos actores y hacer incidencia al respecto.

martes, 21 de febrero de 2017

¿Terminando de anular la Descentralización?

No he visto protestas, manifestaciones, opiniones u otra actitud de políticos o especialistas en el tema, en respuesta al DS 017-2017-PCM publicado el 13 de febrero que deroga normas que orientan el proceso de Descentralización.
La referida norma deroga:
Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM que aprueba el “Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2009” y otras disposiciones para el desarrollo del proceso de descentralización. Norma clave que orienta procesos de coordinación, articulación, cooperación entre los tres niveles de gobierno, incorporando el enfoque territorial y por resultados, pensando en los ciudadanos y en el aterrizaje de las políticas publicas en lo local, mencionando la necesidad del proceso de costeo de los productos a entregar en miras a generar resultados que impacten en la calidad de vida de las personas en el territorio. Aspectos que la misma OCDE, que tanto les gusta mencionar, que “ya están cerca” los cuentan como requisitos. Pues éste, lo acaban de anular.
Decreto Supremo Nº 002-2008-PCM que crea la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de Capacidades en Gestión Pública de los Gobiernos Regionales y Locales. Desarrollar capacidades para la Gestión Descentralizada, para el ejercicio de rectoria desde el gobierno nacional, la articulación del territorio en lo regional y la entrega de servicios en lo local, capacidades para la coordinación, articulación, alineamiento a las políticas públicas nacionales en el marco de las funciones transferidas; pero además, capacidades institucionales e individuales para relacionarse con los ciudadanos y estos a su vez instalar y fortalecer capacidades para la participación, vigilancia y retroalimentación en el diseño e implementación de políticas públicas que generen legitimidad al ser valoradas en sus beneficios, esto es que generan valor público.
Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 001-2010-PCM-SD que reconoce a la Comisión Intergubernamental de la PCM encargada de desarrollar los componentes de la gestión descentralizada de los servicios públicos; es decir, en el marco de sus roles la PCM deberá trabajar con los tres niveles de gobierno el diseño de la gestión pública descentralizada para una mejor entrega de los servicios que les competen.
Por último, esta norma señala eliminar artículos del 57 al 62 del ROF de PCM aprobado con DS 063-2007-PCM que solo tiene 54 artículos!
Fuera de esto último, es muy preocupante la visión del actual gobierno en cuanto al proceso de descentralización. Eliminando estas normas claves que orientan el proceso, sólo quedan el Tìtulo IV, Capitulo XIV de la Constitución Política, la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Ley Orgánica de Municipalidades y podríamos decir el DS 027-2007-PCM con las Políticas de Obligatorio Cumplimiento.
La Política de Modernización de la Gestión Publica, que tiene entre sus principios la articulación intergubernamental e intersectorial, señala como objetivos específicos, entre otros:
- Redefinir a nivel nacional, regional y local, las competencias y funciones de las entidades en concordancia con el proceso de descentralización.
- Promover la descentralización de las funciones, responsabilidades, capacidades y recursos de las entidades publicas en los tres niveles de gobierno a fin de prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y servicios públicos que los ciudadanos demandan.
La cadena de valor para este marco no puede ser diseñada sin una gestión descentralizada, con la participación de los tres niveles de gobierno de manera consensuada en espacios como las Comisiones Intergubernamentales. Los GORES ni remotamente vienen tocando estos temas, no llega a ser el Consejo de Coordinación Intergubernamental señalado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, como un espacio de diálogo y concertación de políticas nacionales que conciernen a los tres niveles de gobierno y esta, es otra recomendación de la OCDE, implementar el CCI. Espacio que junto con las Comisiones Intergubernamentales son señalados como mecanismos de coordinación vertical en la LOPE.
No hay manifestación alguna de espacios como la ANGR, AMPE, REMURPE, MUNIRED, Mancomunidades y otros mecanismos de coordinación horizontal respecto a la derogación de las normas señaladas.
De igual modo, la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, tiene opinión clave en la fiscalización al proceso por parte del Ejecutivo.
Qué mecanismos alternativos están diseñando respecto a estas normas? Cuál será la estrategia? Cuáles serán los espacios? Después de 8 meses, es hora que este gobierno dé señales de orientación desde su rectoria en la Secretaria de Descentralización. Esperemos no sean ciertas las voces que señalan la eliminación de esta Secretaria y convertirla en una actividad de “coordinación”....De qué? Del Ex SNIP? De trámite administrativo?
Seguimos atentos. No se puede retroceder el proceso de Descentralización.

lunes, 4 de julio de 2016

Planeamiento y Descentralización en el nuevo gobierno del Perú

El Perú, a diferencia de la mayoría de países de Latinoamérica, como Colombia, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, por mencionar algunos, aun no logra definir su visión de país para el largo plazo.
Solo para remitirnos a este siglo, luego de la frustrada Ley de Creación del 2005, no fue sino hasta el 2008 que mediante Decreto Supremo 1088 se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, uno de los Sistemas Administrativos de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – LOPE.
Desde entonces, durante el gobierno anterior y éste que está por finalizar no ha tenido muchos avances, aunque la gestión de este último año creo que deja orientaciones e instrumentos que, aunque aún no son suficientes, son valiosos esfuerzos para revertir en algo lo poco avanzado en estos casi 10 años de creación. Lo triste es que al igual que el gobierno anterior, cuando el ente de la Planificación del país, mal que bien, con las discusiones que pueda tener en los aspectos metodológicos, presenta su propuesta de Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, el gobierno anterior lo aprueba finalizando su gestión y este que termina lo ha tenido en revisión en sus 5 años y lo vuelve poner en tal situación la semana que ha pasado. Lo cierto es que también ese largo plazo al 2021 ahora ya es mediano plazo, de ahí que sea necesario pensar en un 2030 o 2050, pero ya!
Sin esa definición de hacia dónde vamos y cómo lo haremos, seguiremos dando tumbos, con pasitos de avances y retrocesos sin una dinámica sistémica y holística del desarrollo equilibrado, sostenible y equitativo al que aspiramos.
En la coyuntura electoral reciente, los partidos finalistas hicieron propuestas, una relativa a un “Sistema Integrado de Planeación de Políticas Publicas” y la otra a una “Planificación estratégica y priorización de proyectos articulados con el Presupuesto” y un “Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR)”. Hago mención a los dos porque en el debate de aprobación, cada uno tendrá su mirada desde lo que propuso era lo mejor para el país, además que están estrechamente ligados.
El Planeamiento y la Descentralización, son dos aspectos ligados a la construcción de país con visión compartida y en cohesión. Podríamos decir que son el qué y el cómo.
Definir objetivos de política nacional hacia el largo plazo debe ser prioridad del gobierno entrante y esa construcción debe entrañar a la descentralización como forma de organizar y gestionar el país para implementarlos; no en vano nuestra Constitución nos señala como un Estado Unitario y Descentralizado.
La organización sectorial que tenemos dificulta la coordinación e implementación hacia esos objetivos y sus resultados. Un Estado organizado por tajadas en sus sistemas funcionales limita y dificulta y mucho más a nivel local donde aterriza la política pública; más aún cuando las causalidades y sus intervenciones requieren acciones de intersectorialdad pues las acciones y productos de unos y otros no son posibles de generar resultados sino actúan en conjunto y simultáneamente; por ello de aquí debiera partir la Reforma y sus nuevos arreglos institucionales ligados a objetivos de política nacional de largo plazo.
A estas alturas, estaremos de acuerdo en que los enfoques, lineamientos, orientaciones, deberán tener como centro a los ciudadanos con resultados en la gestión pública que generen valor público, mirando la territorialidad, diversidad, multiculturalidad, medioambiente, derechos fundamentales etc. Esto, debe ser parte del cómo para definir roles de cada nivel de gobierno en la cadena de valor como parte del proceso de Descentralización.
Por ello, para empezar de alguna forma el proceso, los arreglos institucionales debieran considerar la absorción de las tres Secretarias de PCM por parte del ente de la planificación. Es decir, un CEPLAN a nivel de Ministerio que las incorpore e incluya también los aspectos de ordenamiento territorial ahora en MINAM e inversiones con el SNIP ahora en el MEF. La absorción y transferencias debiera ser con sus recursos humanos, tecnológicos, equipamiento y partidas presupuestales.
Articulación, coordinación y alineamiento debieran orientarse desde este Ministerio de Planificación (o de Planificación y Descentralización), ente con asiento en Consejo de Ministros y brazo derecho de las direcciones de política del gobierno así como de rendición de cuentas ante el Congreso con avances y cumplimiento de metas.
Finalmente, en el Congreso así como la Comisión de Presupuesto debiera existir una Comisión de Planificación y Descentralización que fiscalice las acciones de cumplimiento de este ente.

¿Qué es la Cohesión Social?

La cohesión social se construye, se desarrolla y se puede estabilizar en el tiempo; pero también se agota y muchas veces, se quiebra, por lo que requiere ser cuidada y retroalimentada.
Lo opuesto a la cohesión social es la desintegración social o la anomia, no la exclusión social. La anomia resulta de una sociedad incapaz de ofrecer a los individuos un marco normativo un orden jurídico que ponga limite a sus deseos y pasiones, que los lleve a sentirse partes de un todo y conforme al cual puedan organizar rutinariamente sus vidas.
A veces se confunde con la inclusión o exclusión las cuales se refieren a un asunto más limitado, como es el acceso relativo de ciertos grupos a los recursos sociales y/o al bienestar que resulta de ellos, así como a las percepciones que tienen los individuos o grupos, a partir de su posición relativa dentro del ordenamiento social.
De acuerdo a Sorj y Tironi, “se considera a la cohesión social como la capacidad dinámica de una sociedad democrática para absorber el cambio y el conflicto social mediante una estructura legitima de distribución de sus recursos materiales y simbólicos, tanto a nivel socio-económico (bienestar), socio-político (derechos) y sociocultural (reconocimiento), a través de la acción combinada de mecanismos de asignación como el Estado, el mercado, la familia, la sociedad civil y las redes comunitarias.”[1]
A nivel Macro, constituye el imaginario simbólico de una nación, el grado de identificación que permite a cada individuo sentirse parte de un nosotros; de un mundo común ante el cual todos, más allá de sus diferencias, se pueden referir; aquello que induce a los miembros de una comunidad a sacrificar algunos derechos individuales en aras de ser admitido en una comunidad mayor. Una visión de futuro compartida sobre las diferencias que pueden ser soslayadas a cambio de una situación mejor. A nivel Meso, toma aquellos imaginarios y los traduce estratégicamente en políticas e instituciones capaces de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y de formalizar, al mismo tiempo, los valores que rigen a una comunidad y sus formas de asociatividad. A nivel Micro, Son las prácticas sociales de los individuos y sus estrategias de construcción de identidades, sentidos y lazos sociales.
La cohesión social, no está referida solamente a las políticas públicas contra la exclusión social, sino también a otras dimensiones que generen sentimientos de solidaridad y permitan postular fines y responsabilidades comunes como la confianza, asociatividad, acceso equitativo a la información, tolerancia, multiculturalidad, entre otras. Este tránsito a un sistema de cohesión social más abierto y donde participan más agentes, ha sido descrito como el paso de un "Estado de Bienestar" a una "Sociedad del Bienestar".
Entre los aspectos que inciden sobre la cohesión social están: - Los niveles de polarización étnica, religiosa, social, territorial y política; - Los sentimientos de alienación y/o pertenencia y de discriminación; - Los grados de temor, inseguridad y vulnerabilidad, y su origen; - Los niveles de (des)confianza en redes familiares e instituciones estatales; - La legitimidad de las diferencias socio-económicas; - Las perspectivas percibidas de movilidad intra e inter-generacional; - Sentimiento de pertenencia o no pertenencia nacional - La legitimidad otorgada al régimen político autocrático o dictador.
Pero, ante esto, existen potencialidades como son, una alta homogeneidad lingüística y religiosa; la capacidad de los individuos en producir sentido y desplegar estrategias de supervivencia y de solidaridad, lo que da lugar a un rico y vital tejido social. Es importante que los Estados desarrollen mecanismos que favorezcan la cohesión social a través de la defensa de los valores, justicia, libertad, bienestar social y derechos, dirigido a los ciudadanos, en un marco democrático de gobierno, hacia una sociedad de bienestar.
(Resumen y adaptación de trabajo desarrollado en el Curso de Políticas Presupuestarias y Gestión por Resultados en ILPES-CEPAL. Santiago de Chile, noviembre 2008)
[1] Bernardo Sorj y Eugenio Tironi. Cohesión Social en América Latina: un marco de investigación. CIEPLAN – Inst. Fernando Enrique Cardoso. 2008

domingo, 1 de marzo de 2015

Valor Público en la Gestión Pública

Generalmente la idea de Valor Público nos remite al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones; pero también, “se crea valor sobre todo a través de transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y, prestándoles servicios de calidad”[1]

El Valor Público se define en función a dos esferas, una en función al beneficio generado para los usuarios/beneficiarios/ciudadanos directos y otra esfera en función al beneficio generado al responder a los intereses, aspiraciones y valoraciones de la ciudadanía, comunidad. Los efectos e impactos que la sociedad recibe de la gestión del Estado, es lo que permite producir valor para la sociedad o bien contribuir para que ello ocurra.

Pero no basta que los ciudadanos expresen lo que ellos consideran valioso, sino será valioso en la medida que ellos, tanto individual como colectivamente, estén dispuestos a “renunciar a algo” por obtener Valor Público. El renunciar a algo no implica solamente un esfuerzo monetario (impuestos), sino también en el otorgamiento de poderes coercitivos al estado (para generar seguridad), revelar información privada, dar tiempo y otros recursos (sangre, donación de órganos), que contribuyen al desarrollo y la confianza en la sociedad asi como legitimidad en las acciones del Estado.

Los componentes del Valor Público son: los Servicios, los Resultados y la Confianza.

Los Servicios, están referidos a que los ciudadanos derivan beneficios del uso personal de servicios públicos en una lógica similar a los beneficios derivados del consumo de aquellos comprados del sector privado. La satisfacción de usuario es crítica para el valor público. Existe evidencia que la satisfacción es mayor en servicios considerados como importantes por los usuarios. Los esfuerzos para mejorar los niveles de satisfacción debieran basarse en un entendimiento de la importancia relativa de los diferentes factores en relación a la satisfacción, así como en la manera en que ésta varía a lo largo de diferentes áreas de servicio.

Los Resultados, están referidos a la gestión del Estado que busca cada vez más enfocar su atención en los resultados en función a los intereses, demandas y satisfacción de los ciudadanos.       Los resultados genuinos son hoy vistos como mejores metas que las limitadas medidas de actividad o producto, las cuales corren el riesgo de ser distorsionadas.

La Confianza, está referida a la relación entre Ciudadanos y Estado que decanta de los servicios que influencian en la vida y la libertad (salud y seguridad), pero también el resto de servicios sociales que incluyen educación, baja criminalidad, bajo nivel de desempleo; así como confianza en la transparencia y equilibrio en las relaciones Estado y proveedores. Suele suceder que aún cuando se cumpla el servicio “formal” y las metas de resultado, una falla en la confianza podría destruir el valor público.

El enfoque de valor público fortalece el enfoque por resultados centrado en los ciudadanos ya que obliga a cambiar las interrogantes que nos hacemos en el diseño de políticas públicas y sus estrategias de implementación. Este cambio es clave frente a enfoques convencionales más centrados en lo procedimental administrativo, osea en las actividades y las entregas, sin necesariamente responder por el valor creado como consecuencia de esas actividades y entregas. La oferta de servicios es solo una oferta, hasta cuando no haya una apreciación de ellos por parte de un público receptor, esto es los ciudadanos. La oferta de cualquier bien o servicio no necesariamente genera valor; genera costos[2]. El valor se genera en la medida que un público reconozca el bien o el servicio como respuesta a una necesidad o preferencia y aprecie la calidad del bien o servicio como respuesta adecuada a la misma.

Se genera valor público a través de respuestas a problemas relevantes para los ciudadanos/usuarios o también a través de la apertura de nuevas oportunidades para generaciones actuales y/o futuras, asimismo a través de procesos que construyen comunidad, ciudadanía, democracia y capital social, deliberación, participación, etc. En este sentido, los servidores públicos[3] deben gestionar servicios pertinentes y de calidad, pero a su vez tienen la obligación de informar, responder, rendir cuenta y tratar a todos con el respeto correspondiente a su capacidad de ciudadanos.

La creación de valor público en la generación de resultados aporta la exigencia de abandonar el espacio burocrático o tecnocrático de un entender abstracto de lo que constituye el "bien común"[4] y ejercer procesos iterativos e interactivos que ayudan a discernir y definir lo que el ciudadano prefiere y prioriza, por ende, lo que genera valor para el "público"; también aporta una claridad conceptual asociada con la lógica de una cadena de valor-resultados y centrarse en la acción intersectorial con procesos que efectivamente generen resultados, a través de productos (bienes y servicios) con Impactos o resultados, que generan Confianza que se expresa en la relación Ciudadanos-Estado.





[1] Valor Público: un enfoque integral para la gestión de políticas. Marco Moreno. Curso Planificación y Gestión Estratégica para las Políticas Públicas, ILPES-CEPAL. Mayo 2009
[2] IBIDEM
[3] Llámese servidores públicos a autoridades, funcionarios, directores, especialistas, asistentes, auxiliares y toda jerarquía en la administración pública.
[4] Valor Público: un enfoque integral para la gestión de políticas. Marco Moreno. Curso Planificación y Gestión Estratégica para las Políticas Públicas, ILPES-CEPAL. Mayo 2009.

Apuntes sobre la coordinación e intersectorialidad en la gestión descentralizada - Perú

Las acciones sectoriales aisladas no garantizan resultados por sí mismas, sino a través de intervenciones del Estado desde diversos ámbitos, en una simultaneidad, transversalización, coordinación, intersectorialidad, articulación y alineamiento en los diferentes niveles de gobierno y con la participación de diversos actores con una gestión descentralizada territorial en una cadena de valor, es decir una intersectorialidad, de no ser así, sin identificar resultados en función a los ciudadanos con implementación multinivel, mirando el territorio, no se tendrán resultados e impactos en beneficio del ciudadano.

El desafío para consolidar la Gestión Descentralizada es definir Modelos de Gestión Descentralizada con Enfoque Territorial o Modelos Específicos[1], lo cual debiera desarrollarse bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad y subsidiariedad, en un trabajo articulado y concertado entre los tres niveles de gobierno, a manera de permitir acercar más el Estado a la población, con eficiencia en la prestación de los servicios públicos en el territorio, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, con pleno respeto de las libertades y derechos ciudadanos, teniendo en cuenta los enfoques de territorialidad, de inclusión, equidad, igualdad de oportunidades, género e interculturalidad.

La Política de Modernización de la Gestión Pública, señala como objetivos específicos, entre otros, promover, apoyar y participar en espacios de coordinación interinstitucional con entidades del mismo nivel como de otros niveles de gobierno, para multiplicar la capacidad de servicio del Estado en beneficio de los ciudadanos mediante la articulación de políticas, recursos y capacidades institucionales; así como fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios para lograr una coordinación eficiente entre las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

En este sentido, siendo el Perú un Estado unitario y descentralizado, se requiere articular y alinear la acción de sus niveles de gobierno, a manera de asegurar el logro de objetivos de política nacional que contribuyan a equiparar las oportunidades de desarrollo a las que pueden acceder sus ciudadanos en cualquier lugar del país.

Si bien el proceso de descentralización ha estado básicamente impulsado por la voluntad política de dirigentes y funcionarios; sin embargo, su implementación requiere aún de orientaciones, instrumentos técnicos adecuados, pues surgen una serie de problemas vinculados a la escasa articulación de las políticas públicas añadida a la débil capacidad gestión y de cooperación entre actores y niveles de gobierno.

En este sentido, siendo la coordinación[2] definida como el proceso de creación o utilización de reglas de decisión por el que dos o más actores se ocupan colectivamente de un entorno de trabajo compartido, la necesidad de coordinación surge de la interdependencia, del hecho que dos unidades de las mismas o diferentes organizaciones compartan un entorno de trabajo; lo cual constituye un reto, pues la coordinación que involucra a diferentes niveles de gobierno para garantizar una provisión de bienes y servicios que generen valor para los ciudadanos, requiere procesos de coordinación que creen condiciones para la cooperación y colaboración entre actores involucrados y niveles de gobierno.

Para una eficaz coordinación, es necesario partir de aspectos básicos o criterios[3] como la definición de objetivos estratégicos, sistemas de información, comunicación, monitoreo y evaluación, participación de los actores claves así como espacios de diálogo y deliberación para lograr consensos. Así, para que las políticas públicas se mantengan coordinadas hasta llegar a los ciudadanos, se requiere poner en juego mecanismos efectivos de coordinación y cooperación con estas características y criterios, entre los niveles de gobierno y los ciudadanos de su jurisdicción.

La coordinación también es parte de un proceso social, político y técnico a la vez, por lo que se deben tomar en cuenta las consideraciones del contexto, interculturalidad, influencias político-partidarias entre otras, ya que, sea por coincidencia o no, muchas veces contribuye a comprender mejor el funcionamiento de las relaciones intergubernamentales, como procesos paralelos informales, complementando la dimensión técnica que tiene especial importancia en la metodología para la definición de objetivos, indicadores, metas, que involucrarán su financiamiento-presupuesto debidamente sustentado.

De acuerdo a Repetto, se entiende por coordinación “al proceso mediante el cual se va generando sinergia entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un campo concreto de la gestión pública, al mismo tiempo que en dicho proceso se va construyendo (o re definiendo en caso de su pre-existencia) un sistema de reglas de juego formales e informales a través de las cuales los actores participantes encuentran fuertes incentivos a cooperar, mas alla de intereses e ideologías particulares, habitualmente en conflicto entre si.”[4]

La coordinación como proceso, apunta a vincular entre sí a diversas entidades y agentes públicos con el fin de complementar sus recursos y capacidades y articular objetivos y acciones en espacios intersectoriales e intergubernamentales. Esta es una necesidad inevitable en el contexto del proceso de descentralización en curso, en el que tres niveles de gobierno deben coordinar y complementarse a través de múltiples materias de competencia compartida en un territorio.

La coordinación es importante para asegurar que los niveles de gobierno e instituciones que implementan las políticas públicas no dupliquen acciones, redundancias o inconsistencias, incorporando la transversalidad, como instrumento intraorganizativo que no afectará la gestión operativa sino más bien el diseño de los objetivos, la planeación y la evaluación[5], lo cual generalmente está asociado a la protección de derechos (inclusión, género, equidad, interculturalidad) u otros denominados “ejes transversales”.

La transversalidad no es un concepto interorganizacional, pero la intersectorialidad si lo es, siendo no solo sinónimo de coordinación interinstitucional, sino que se traduce en integración, que incluye un ingrediente político e implica un grado de intensidad más alto de relación entre los sectores que la coordinación.[6] Al respecto, Granier señala en extremo que, quien es responsable de determinadas metas sectoriales o temporales, no necesariamente suele tener la capacidad para sintetizar y concretar de manera adecuada la visión estratégica de largo plazo que define al gobierno (Estado) en su conjunto”[7]

En este sentido, el gobierno conductor debe mantener la cohesión social y procurar a la vez un cambio estructural estableciendo previamente vínculos de articulación entre los sectores con competencia en la materia[8], respetando y fortaleciendo la autonomía de los diferentes niveles de gobierno así como de actores e instituciones que confluyen en la implementación de las políticas públicas en cada territorio, hacia objetivos comunes de largo plazo.

La intersectorialidad, implica que diversos sectores no solo entreguen a un mismo público objetivo los servicios que son propios de cada uno, sino que de manera articulada, atiendan las necesidades, demandas o prevengan problemas de esos ciudadanos – público objetivo, pues las causas pueden ser diversas y estar relacionadas en sus orígenes. 

La intersectorialidad crea mejores soluciones porque permite compartir recursos (saberes, experiencias, medio de influencia, recursos económicos etc.) que se asignan a cada sector y nivel de gobierno, sea público o privado, asociado con la transformación (producción) de servicios públicos de modo tal que propenden a un cambio integral en los sujetos sociales mismos.[9]

Un aspecto a disernir en la intersectorialidad es el grado de control o influencia que cada sector tiene sobre un objetivo o resultado previsto, pues cuando varios sectores comparten el control de una cuestión o cuando un sector desea influir en un objetivo sobre el cual tiene menos control, la acción intersectorial suele ser la más apropiada.[10]La coordinación intersectorial pues, impulsa la integración de diversos sectores, sobre la base de Políticas y Planes con una dirección macro política, es decir relativos a objetivos de política nacional hacia los cuales deben mirar los tres niveles de gobierno en su accionar en un alineamiento en la consecución de estos objetivos de política nacional.

Pensar intersectorialmente no sólo es un desafío técnico sino también cultural, en tanto requiere de un aprendizaje y supone instaurar nuevos valores,[11] con particularidades relativas a actores de sectores de diversas políticas públicas; pues involucra tanto prácticas horizontales como verticales; con una dimensión política, que está dada por el apoyo y el compromiso de las autoridades; una dimensión técnica dada por lineamientos de política, orientaciones, instrumentos, enfoques metodológicos y porsupuesto en una dinámica participativa y consensuada, con definición de metas comunes a alcanzar y el establecimiento de indicadores compartidos respecto de su logro con el debido financiamiento-presupuesto.

El funcionamiento eficaz de mecanismos institucionalizados o no, de encuentro, diálogo y coordinación entre gobiernos y administraciones de uno o más niveles de gobierno y demás actores, deberá posibilitar una articulación intersectorial efectiva a nivel del gobierno nacional que deberá correlacionarse con una articulación territorial también efectiva entre las entidades de distintos niveles de gobierno que convergen en la implementación de políticas públicas en cada ámbito territorial, lo cual propiciará la generación de valor público[12], desde el servicio público que brinda el Estado, con resultados para beneficio y satisfacción de sus ciudadanos, induciendo a la confianza y legitimidad en las intervenciones.



[1] Directiva N° 001-2014-PCM/SD. Directiva para la Formulación e Implementación de Modelos Específicos de Gestión Descentralizada de los Servicios Públicos.
[2] Peters. “La coordinación como concepto se refiere a “la necesidad de asegurar que las distintas organizaciones, públicas y privadas, responsables de la formación de las políticas públicas, trabajen juntas para no producir redundancia ni brechas en la entrega de los servicios” 1998.
[3] Licha Isabel, Molina Carlos y Repetto Fabián. INDES BID 2007
[4] Repetto Fabián, “La dimensión política de la coordinación de programas y políticas sociales: una aproximación teórica y algunas referencias prácticas en América Latina”. 2005
[5] Serra Albert. “La gestión transversal: Expectativas y resultados”. CLAD Reforma y Democracia, núm. 32. 2005.
[6] Cunill-Grau Nuria, La intersectorialidad en las nuevas políticas sociales, un acercamiento analítico-conceptual. Stgo. 2013.
[7] Garnier Leonardo, “Función de coordinación de planes y políticas”. 2004
[8] Prats Joan. Gobernar en tiempos de turbulencias. Instituto Internacional de Catalunya. 2002.
[9] Cordero María Julia, Políticas Públicas para el Desarrollo Local. Mendoza 2010.
[10] Organización Mundial de la Salud - OMS. Equidad en salud a través de la acción intersectorial: Un análisis de estudios de casos en 18 países, informe presentado a la Agencia de Salud Pública de Canadá. 2008.
[11] La intersectorialidad en el gobierno y gestión de la política social. Nuria Cunill Grau. Julio 2005
[12] Según la Real Academia Española, la palabra “valor” significa: grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. A diferencia del sector privado, en el sector estatal son los ciudadanos quienes determinan lo que debe hacer el Estado, expresado mediante procesos de deliberación y representación política.