La pobreza en el
Perú, en términos multidimensionales, afecta a una gran proporción de familias
rurales, alto andinas y amazónicas, que se comunica en idiomas vernaculares, siendo pobres históricos
y generacionales, debido principalmente a la imposibilidad de acceder a servicios básicos
de calidad y a oportunidades de desarrollo personal y económico.
Por otro lado, existe una pobreza, que siendo menos extrema, es igualmente crónica vista en su conjunto y es
mayoritaria en zonas rurales y urbanas con ciertos servicios públicos y
recursos más adecuados para la actividad económica. A la par, hay una pobreza que se podría señalar como “nueva”,
resultante de las crisis económicas y ubicada geográficamente, sobre todo en
las ciudades intermedias y grandes.[1]
La situación de la pobreza, en esta década,
ha registrado una importante reducción, según los entendidos, una de las más
rápidas y significativas en la historia mundial. Según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática - INEI, ya al 2011 la pobreza se redujo al 27.8% del
59.4% en el 2004, es decir, 6.7
millones de peruanos salieron de la pobreza en ese periodo. La pobreza
extrema, se redujo del 16% en 2004 a 7% en 2011, el nivel más bajo
en la historia.
En el 2012 la pobreza en Perú afectó al 25.8%
de la población y la incidencia de la pobreza no excedió en ningún departamento
el 65%, mientras que en el 2004, 14 departamentos superaron dicho nivel. Por
otro lado, en el año 2004 ningún departamento presentó menos de 33% de pobreza;
mientras en 2012, 14 departamentos presentaron tasas de pobreza menores a dicha
cifra.
Si bien entre el 2011 y el 2012 la pobreza pasó del
27,8% al 25,8% de los 30 millones de habitantes, una reducción que benefició a
509.000 personas, aún 7.800.000 peruanos se encuentran en situación de pobreza.
En cuanto a la pobreza extrema llegó a 1.800.000 personas, un 6% de la
población, 0,3% (69.000 personas) menos que el año anterior. Las áreas rurales
son las que concentran mayor nivel de pobreza en Perú. A pesar de que ese
indicador cayó en 3,1%, más de la mitad (53%) de la población de esas zonas del
territorio es pobre, el doble de la medida nacional.
Y es que Perú ha sido en la última década una de las
economías de mayor crecimiento en América Latina, con índices de expansión
promedio entre 5% y 6%, lo que ha permitido una paulatina mejora de los
sectores más pobres. El crecimiento sostenido de la economía, el
incremento de la inversión privada, el mayor empleo y los mejores niveles de
ingresos provenientes del trabajo y los programas sociales, han contribuido en
la reducción de la pobreza, precisando que un estudio sobre la descomposición
de la reducción de la pobreza, muestra que el 80% de la reducción de la pobreza
está explicado por el crecimiento económico, pues se ha traducido en un aumento
en la cantidad y la calidad del empleo y, por tanto, en una reducción de la
pobreza y una mejora del bienestar.
Expertos hacen notar que de no haberse aplicado
políticas sociales focalizadas la pobreza hubiera sido 4 puntos porcentuales
más elevada, pues el crecimiento macroeconómico puede generar desigualdad ya
que no todos tienen las mismas capacidades para aprovechar las oportunidades. Además
otros señalan que si el crecimiento de la economía "hubiese estado mejor
repartido" podría haber 0,4% menos de pobres.
Cabe señalar que, el costo promedio de la Canasta
Básica de Consumo se estima en 284[2]
nuevos soles por persona y en los pobres extremos es aquel cuyo gasto es de 151
soles mensuales, monto que no alcanza para cubrir el costo de una canasta
mínima alimentaria. Dadas las diferencias preexistentes entre distintos grupos de la
población, el crecimiento económico ha llevado a unos grupos a reducir sus
niveles de pobreza más rápido que a otros. En ese sentido, en el Perú, la pobreza se ha vuelto un
problema predominantemente rural.
Según el INEI, el 81% de los individuos calificados como
pobres extremos vive en zonas rurales, por ello, algunos expertos[3] critican que el
acceso a oportunidades no ha mejorado en la medida que podría haberlo hecho, considerando el notable aumento de recursos
fiscales a raíz del crecimiento económico y del boom de los precios de los
minerales, que constituyen los mayores ingresos fiscales.
Por ello
considero, que debiera incidirse en dirigir recursos hacia la protección de la
primera infancia, como capital humano, más aún disponiendo de un bono
demográfico a proteger, asimismo, apostar por la universalización de la
educación, salud con mecanismos eficientes en su gestión para lograr una oferta
de calidad. Igualmente, lograr un aseguramiento universal con estrategias de
financiamiento compartido e intercambio prestacional asi como principios de
solidaridad.
Asegurar recursos
fiscales para proseguir con las transferencias monetarias condicionadas asi
como con programas de desarrollo productivo y la inversión en infraestructura, servicios básicos, caminos y carreteras,
agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones, en especial en zonas rurales,
al igual que Programas Sociales solidarios para adultos mayores en situación de
abandono y vulnerabilidad, aprovechando más bien capacitación y experiencia en
aquellos que pudieran estas disponibles, en una dinámica de gestión del
conocimiento.
Articular la educación terciaria de calidad,
proyectando a una matriz productiva diversificada y mejorando la productividad con
innovación tecnológica y competitividad a través de esta mejora sustancial del capital humano, incorporándolo a
las actuales demandas de la cadena productiva y articulando políticas de
descentralización fiscal que generen incentivos a la inversión y sana
competencia entre regiones para generar más empleo, protegiendo el
medioambiente, en un marco de ordenamiento territorial, con mecanismos de
consulta y participación que contribuirán a la gobernabilidad.
Por ser un país diverso y pluricultural,
que además concibe patrones culturales enraizados en la discriminación,
machismo e inequidades diversas, el enfoque intercultural y de género es
sustancial para lograr la inclusión social y la reducción de la pobreza con
equidad, por lo que se requieren políticas afirmativas para un involucramiento
y empoderamiento, para lograr un desarrollo humano integral que incorpore una
mirada holística con enfoque de derechos, en la que la participación política,
comunitaria, decisoria será un ejercicio de ciudadanía activa que aportará a la
cohesión social.
El reto es sobretodo, reducir la pobreza rural, la desnutrición crónica, las brechas en el acceso a agua potable, saneamiento
y electricidad, mejorar la calidad de la educación pública, reducir las brechas
de acceso a los servicios de salud de calidad; y articular las políticas de desarrollo e inclusión social a
políticas de desarrollo productivo. La mayor inclusión social y la reducción de
los conflictos sociales redundará en un mejor entorno para la inversión y el
crecimiento sostenido.
Los lineamientos de
política macroeconómica debieran asegurar pues recursos para lograr esta inclusión social y
reducción de la pobreza, a través de la utilización de los mayores ingresos fiscales permanentes, en una
inversión focalizada del gasto social para generar igualdad de oportunidades. Asegurar ingresos a través del aumento de la presión
tributaria, combatiendo la evasión, el contrabando con mayor formalización
y fiscalización, en lucha frontal contra la corrupción. Incidir
en la mejora de la gestión pública en un enfoque por resultados, centrado en el
servicio al ciudadano, esto
permitirá la expansión focalizada y articulada del gasto social.
Un ejemplo de una
estrategia articulada en un enfoque por resultados, que ha tenido un impacto
valioso, es la reducción de la desnutrición infantil, a través del Programa
Articulado Nutricional – PAN, con la reducción del 30%, en 2004, a
20%, en 2011 en menores de cinco años y el promedio nacional del 2007 en 29.5%
al 18.5% en el 2012.
Se apunta pues, a aplanar el piso del acceso a las oportunidades, para reducir aún más la pobreza y fortalecer las bases del desarrollo sostenible del país.
