Pobreza y desigualdad: Perú

La pobreza en el Perú, en términos multidimensionales, afecta a una gran proporción de familias rurales, alto andinas y amazónicas, que se comunica en idiomas vernaculares, siendo pobres históricos y generacionales, debido principalmente a la imposibilidad de acceder a servicios básicos de calidad y a oportunidades de desarrollo personal y económico.

Por otro lado, existe una pobreza, que siendo menos extrema, es igualmente crónica vista en su conjunto y es mayoritaria en zonas rurales y urbanas con ciertos servicios públicos y recursos más adecuados para la actividad económica. A la par, hay una pobreza que se podría señalar como “nueva”, resultante de las crisis económicas y ubicada geográficamente, sobre todo en las ciudades intermedias y grandes.[1]

La situación de la pobreza, en esta década, ha registrado una importante reducción, según los entendidos, una de las más rápidas y significativas en la historia mundial. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, ya al 2011 la pobreza se redujo al 27.8% del 59.4% en el 2004, es decir, 6.7 millones de peruanos salieron de la pobreza en ese periodo. La pobreza extrema, se redujo del 16%  en 2004 a 7% en 2011, el nivel más bajo en la historia.

En el 2012 la pobreza en Perú afectó al 25.8% de la población y la incidencia de la pobreza no excedió en ningún departamento el 65%, mientras que en el 2004, 14 departamentos superaron dicho nivel. Por otro lado, en el año 2004 ningún departamento presentó menos de 33% de pobreza; mientras en 2012, 14 departamentos presentaron tasas de pobreza menores a dicha cifra.

Si bien entre el 2011 y el 2012 la pobreza pasó del 27,8% al 25,8% de los 30 millones de habitantes, una reducción que benefició a 509.000 personas, aún 7.800.000 peruanos se encuentran en situación de pobreza. En cuanto a la pobreza extrema llegó a 1.800.000 personas, un 6% de la población, 0,3% (69.000 personas) menos que el año anterior. Las áreas rurales son las que concentran mayor nivel de pobreza en Perú. A pesar de que ese indicador cayó en 3,1%, más de la mitad (53%) de la población de esas zonas del territorio es pobre, el doble de la medida nacional.

Y es que Perú ha sido en la última década una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, con índices de expansión promedio entre 5% y 6%, lo que ha permitido una paulatina mejora de los sectores más pobres. El crecimiento sostenido de la economía, el incremento de la inversión privada, el mayor empleo y los mejores niveles de ingresos provenientes del trabajo y los programas sociales, han contribuido en la reducción de la pobreza, precisando que un estudio sobre la descomposición de la reducción de la pobreza, muestra que el 80% de la reducción de la pobreza está explicado por el crecimiento económico, pues se ha traducido en un aumento en la cantidad y la calidad del empleo y, por tanto, en una reducción de la pobreza y una mejora del bienestar.

Expertos hacen notar que de no haberse aplicado políticas sociales focalizadas la pobreza hubiera sido 4 puntos porcentuales más elevada, pues el crecimiento macroeconómico puede generar desigualdad ya que no todos tienen las mismas capacidades para aprovechar las oportunidades. Además otros señalan que si el crecimiento de la economía "hubiese estado mejor repartido" podría haber 0,4% menos de pobres.

Cabe señalar que, el costo promedio de la Canasta Básica de Consumo se estima en 284[2] nuevos soles por persona y en los pobres extremos es aquel cuyo gasto es de 151 soles mensuales, monto que no alcanza para cubrir el costo de una canasta mínima alimentaria. Dadas las diferencias preexistentes entre distintos grupos de la población, el crecimiento económico ha llevado a unos grupos a reducir sus niveles de pobreza más rápido que a otros. En ese sentido, en el Perú, la pobreza se ha vuelto un problema predominantemente rural.

Según el INEI, el 81% de los individuos calificados como pobres extremos vive en zonas rurales, por ello, algunos expertos[3] critican que el acceso a oportunidades no ha mejorado en la medida que podría haberlo hecho, considerando el notable aumento de recursos fiscales a raíz del crecimiento económico y del boom de los precios de los minerales, que constituyen los mayores ingresos fiscales.

Por ello considero, que debiera incidirse en dirigir recursos hacia la protección de la primera infancia, como capital humano, más aún disponiendo de un bono demográfico a proteger, asimismo, apostar por la universalización de la educación, salud con mecanismos eficientes en su gestión para lograr una oferta de calidad. Igualmente, lograr un aseguramiento universal con estrategias de financiamiento compartido e intercambio prestacional asi como principios de solidaridad.

Asegurar recursos fiscales para proseguir con las transferencias monetarias condicionadas asi como con programas de desarrollo productivo y la inversión en infraestructura, servicios básicos, caminos y carreteras, agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones, en especial en zonas rurales, al igual que Programas Sociales solidarios para adultos mayores en situación de abandono y vulnerabilidad, aprovechando más bien capacitación y experiencia en aquellos que pudieran estas disponibles, en una dinámica de gestión del conocimiento.

Articular la educación terciaria de calidad, proyectando a una matriz productiva diversificada y mejorando la productividad con innovación tecnológica y competitividad a través de esta mejora sustancial del capital humano, incorporándolo a las actuales demandas de la cadena productiva y articulando políticas de descentralización fiscal que generen incentivos a la inversión y sana competencia entre regiones para generar más empleo, protegiendo el medioambiente, en un marco de ordenamiento territorial, con mecanismos de consulta y participación que contribuirán a la gobernabilidad.

Por ser un país diverso y pluricultural, que además concibe patrones culturales enraizados en la discriminación, machismo e inequidades diversas, el enfoque intercultural y de género es sustancial para lograr la inclusión social y la reducción de la pobreza con equidad, por lo que se requieren políticas afirmativas para un involucramiento y empoderamiento, para lograr un desarrollo humano integral que incorpore una mirada holística con enfoque de derechos, en la que la participación política, comunitaria, decisoria será un ejercicio de ciudadanía activa que aportará a la cohesión social.   

El reto es sobretodo, reducir la pobreza rural, la desnutrición crónica, las brechas en el acceso a agua potable, saneamiento y electricidad, mejorar la calidad de la educación pública, reducir las brechas de acceso a los servicios de salud de calidad; y articular las políticas de desarrollo e inclusión social a políticas de desarrollo productivo. La mayor inclusión social y la reducción de los conflictos sociales redundará en un mejor entorno para la inversión y el crecimiento sostenido.

Los lineamientos de política macroeconómica debieran asegurar pues recursos para lograr esta inclusión social y reducción de la pobreza, a través de la utilización de los mayores ingresos fiscales permanentes, en una inversión focalizada del gasto social para generar igualdad de oportunidades. Asegurar ingresos a través del aumento de la presión tributaria, combatiendo la  evasión, el contrabando con mayor formalización y fiscalización, en lucha frontal contra la corrupción. Incidir en la mejora de la gestión pública en un enfoque por resultados, centrado en el servicio al ciudadano, esto permitirá la expansión focalizada y articulada del gasto social.

Un ejemplo de una estrategia articulada en un enfoque por resultados, que ha tenido un impacto valioso, es la reducción de la desnutrición infantil, a través del Programa Articulado Nutricional – PAN, con la reducción del 30%, en 2004, a 20%, en 2011 en menores de cinco años y el promedio nacional del 2007 en 29.5% al 18.5% en el 2012.

Se apunta pues, a aplanar el piso del acceso a las oportunidades, para reducir aún más la pobreza y fortalecer las bases del desarrollo sostenible del país.

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[1] Politicas para Superar la Pobreza – CIAS – PCM 2005

[2] Tipo de Cambio promedio S/. 2.80

[3] Midiendo la desigualdad de Oportunidades. Banco Mundial. 2008

Las “Familias de Puestos” en la Ley del Servicio Civil

Adelanto que esta nota no está referida a aspectos de derecho laboral, evaluación del desempeño u otros aspectos importantes que requieren otro análisis exclusivo. Más bien, aquí deseo hacer unas reflexiones desde los procesos de la gestión pública, con relación a un gráfico que vi en el Dictamen de la Comisión de Presupuesto, cuando se estaba debatiendo el Proyecto de Ley.

Pues este grafico está referido a las Familias de Puestos, el cual me llamó mucho la atención con relación a qué criterios habían tenido para esa clasificación y definir tales niveles.

El Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica, en el ítem III Análisis, 3.2 Proyecto de Ley del Servicio Civil, 3.2.5 Estructura del Nuevo Servicio Civil, señala que “…al agrupar los puestos en relación a propósito, funciones, características similares, tenemos familias de puestos, las cuales están directamente vinculados a los procesos requeridos para una finalidad especifica de la Entidad…”. Terminado el párrafo, presentan un gráfico en barras titulado Niveles Familias de Puestos, en el cual en cada barra se ha titulado de la siguiente manera:

-          Financieros – 4 niveles
-          Administración – 5 niveles
-          Reguladores – 12 niveles
-          Diseñadores de políticas – 4 niveles
-          TIC – 4 niveles
-          Implementadores de servicios – 5 niveles

Les comento que hice la consulta a SERVIR, quienes gentilmente siempre responden mis consultas pero de esta no recibí respuesta.

Aprobada la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, leí nuevamente buscando hallar respuesta a mi consulta sobre las “Familias de Puestos”. Pues, en primera instancia en el Art. 3 Definiciones, señalan:

Puestos: Conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición dentro de una entidad, así como requisitos para su adecuado ejercicio. Se encuentra descrito en los instrumentos de gestión de la entidad.
Familia de Puestos: Conjunto de Puestos con funciones, características y propósitos similares. Cada familia de puestos se organiza en niveles de menor a mayor grado de complejidad de funciones y responsabilidades.

Nada más, sin grafico ni nada. Seguí leyendo y en el Titulo IV encontré el DE LOS GRUPOS DE SERVIDORES CIVILES DEL SERVICIO CIVIL, donde se menciona, en resumen, que existen los siguientes grupos:

-       FUNCIONARIOS PUBLICOS:
·         Funcionarios Públicos por elección popular, directa y universal.
·         Funcionarios Públicos de designación o remoción regulada: CNM, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo etc.
·         Funcionarios Públicos de libre designación o remoción: Son de confianza, hasta Secretarios Generales, Gerente General en Gbnos. Regionales y Gerente Municipal
-       DIRECTIVOS PUBLICOS
Ingreso por concurso, con periodo de prueba entre 3 y  6 meses, contrato por 3 años renovables hasta en 2 oportunidades. Renovación en base a evaluación anual de cumplimiento de metas institucionales.
-       SERVIDORES CIVILES DE CARRERA
Cumplimiento de funciones sustantivas y de administración interna. Ingresa por concurso público abierto (cualquier ciudadano y servidor publico) y transversal (que ya estén en la administración publica).
-       SERVIDORES DE CONFIANZA
No más del 5% de puestos previstos en la entidad y no menor de 2 ni mayor de 50.

En estos días he estado atenta a los debates en diferentes espacios y a las declaraciones que vienen dando funcionarios de SERVIR en un afán de aclarar, como ellos dicen y de alguna manera calmar las protestas que se han manifestado desde su debate en el Congreso. Claro, esto ha debido hacerse antes, pero bueno, ese es análisis político para otra nota.

SERVIR y la misma Ley hace hincapié que esta norma se implementará a través del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y las diversas oficinas de Recursos Humanos de la administración pública y es por esta razón, según manifiestan, que ya desde un tiempo atrás han venido capacitando a servidores de esas áreas. Pero, es que acaso las metas institucionales, las necesidades de recursos, no solo financieros, sino humanos, entre otros, se definen en las áreas de recursos humanos? No es acaso que han empezado por el último eslabón?

Las metas institucionales, relacionadas a productos, resultados intermedios, resultados finales, objetivos de política en función al beneficio del ciudadano, se definen en las Áreas de Planeamiento y el diseño de procesos y recursos necesarios se definen en las áreas de Racionalización, adscritas a Planeamiento. Entonces, cómo es que las oficinas de recursos humanos van a definir los perfiles, funciones sino tienen claro cuáles son las metas y objetivos institucionales.

Pero no solo eso. Si aún como país, no definimos objetivos de política, con indicadores, metas, líneas de base que implementen los sistemas funcionales, cómo es que vamos a definir las metas institucionales?. Del mismo modo que ahora, como meros parches por aquí y por allá sin una articulación debida que eche a andar la maquinaria del Estado de manera sincronizada para mejores resultados e impacto en el ciudadano y la sociedad.

Entonces, hablar de Familias de Puestos, caracterización, valorización, perfiles y concursos con puestos nuevos, es algo incierto, si antes no se definen objetivos de política, ordenamiento de la rectoría de los sistemas funcionales, para definir metas institucionales. Y a esto añado que si a algo debieran acercarse para definir las Familias de Puestos tal vez sería a la Cadena de Valor definida en la Política de Modernización de la Gestión Pública y los Ejes de Política en la cual se articulan los sistemas funcionales y administrativos. Considero ese debiera ser el referente para definir Familias de Puestos, de lo contrario sospecho continuará una desarticulación en los procesos de gestión.

Recién después de esto se podrán definir, funciones, perfiles, responsabilidades, con indicadores, metas individuales y en equipo para la evaluación del desempeño, con los consiguientes mecanismos de incentivos. Definida la sombrilla mencionada en párrafos anteriores, la tarea será desarrollar instrumentos para su aplicación.

Cabe señalar que la ley aprobada, en sus DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, DISPOSICION DUODECIMA, referida a la “Transparencia y compromiso con el ciudadano”, señala publicar los 31 de diciembre de cada año, las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios y productos que entregan al ciudadano y que SERVIR Y CEPLAN deberán elaborar los instructivos necesarios. Pues aquí está la tarea en la que deberán tomar en cuenta, es decir, los pasos señalados líneas arriba, antes de definir las metas institucionales señaladas.

Finalmente, la Ley menciona que se implementará en un plazo máximo de 6 años, señalando en sus DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS – TERCERA: PROCESO DE TRANSICION DE LAS ENTIDADES AL REGIMEN CIVIL, los siguientes pasos a seguir:

-          Análisis situacional con mapeo actual de los puestos, análisis de los servicios a prestar y carga de trabajo
-          Propuesta de reorganización, simplificación de procesos, definición de perfiles, cantidad de puestos en coordinación con SERVIR
-          Valorización de los puestos en coordinación con SERVIR y el MEF
 
Creo que los pasos a seguir van mucho más allá que una reorganización interna con un mapeo y propuesta de puestos. Las metas institucionales no son aisladas ni garantizan resultados por si mismas dentro de una sola institución, sino a través de intervenciones del Estado desde diversos ámbitos, en una simultaneidad, una transversalizacion, coordinación, alineamiento y articulación en los diferentes niveles de gobierno. Mientras no se ordenen estos aspectos, seguiremos con intervenciones aisladas que no generan los resultados e impactos necesarios. Si los recursos humanos del Estado no están dentro de esa dinámica, por mejores cuadros que tengamos, que considero existen en la administración pública, no será suficiente sin puestos que funcionen en una cadena de valor y garanticen la provisión de bienes y servicios que generen resultados e impactos en beneficio del ciudadano.

Construyendo Institucionalidad para la Gestión de los Recursos Hídricos

Publicado el 25/03/12
http://www.facebook.com/#!/notes/rosa-de-f%C3%A1tima-d%C3%ADaz/construyendo-institucionalidad-para-la-gestion-de-los-recursos-hidricos/419873901361494

La gestión de recursos hídricos requiere una mirada integral, que involucre aspectos de calidad del agua para el consumo humano y la seguridad alimentaria; en cantidad y oportunidad para atender la demanda hídrica para sus diversos fines, sea de uso poblacional o productivo, con canales que permitan un acceso oportuno a través del saneamiento o proyectos hidráulicos, con prioridad en zonas de inequidad y exclusión social; con la coordinación y articulación en los tres niveles de gobierno para la implementación de la zonificación y ordenamiento territorial, teniendo como referentes los planes de gestión de recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en miras a la estimación, prevención, mitigación y alerta de riesgos asociados a fenómenos extremos que se vean potencialmente agravados por el cambio climático; de forma participativa y desconcentrada, en aras a lograr un uso eficiente y aprovechamiento sostenible con equidad, respeto al ambiente; contribuyendo al desarrollo del país y a instaurar una cultura de paz.

A fin de lograr esta acción integral, la Autoridad Nacional del Agua – ANA, viene sentando las bases de la institucionalidad en la gestión de los recursos hídricos, a través de procesos de diálogo y consenso, que deberán articular y alinear políticas, planes y programas en los diferentes niveles de gobierno y de forma transversal con los actores involucrados, como parte del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, del cual ANA es rector.

En este sentido, se está trabajando con el Acuerdo Nacional el diseño de la Política de Estado sobre el Agua y la Gestión de Recurso Hídricos en cuyo seno hay consenso mayoritario de su necesidad, incidiendo en fortalecer la autonomía de la ANA y la asignación de recursos necesarios dada la envergadura de su labor y su impacto en el desarrollo y gobernabilidad del país.

Por otro lado, de acuerdo a Ley, la ANA ha diseñado la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos la cual ya ha sido alcanzada al Ministro de Agricultura para iniciar el proceso de consulta y validación a nivel nacional y así tener legitimidad en la intervención.

Paralelamente, a través de un concurso internacional, con una donación del BID, se viene ejecutando la consultoría con expertos españoles, para el diseño del Plan Nacional de Recursos Hídricos, la cual identificará el diagnóstico y propuesta de prioridades para el corto, mediano y largo plazo, a través de acciones de promoción y sensibilización a la sociedad civil, caracterización técnica del recurso hídrico en los escenarios regionales y un plan estratégico de recursos hídricos armonizando con las políticas y planes.

Finalmente, la actual gestión en una visión de modernización de la gestión pública viene diseñando un Programa Presupuestal en un enfoque por resultados para el Mejoramiento de la Gestión de los Recursos Hídricos, en miras a la formulación del presupuesto 2013, de acuerdo a las directivas del MEF, en un espíritu de gestión por resultados, participación, transparencia y rendición de cuentas.

Estas acciones generales, articuladas, vienen a sentar la institucionalidad en la gestión de los recursos hídricos en el país, las cuales debieran llevar a tener resultados concretos en el corto, mediano y largo plazo, con impactos en la calidad de vida de los peruanos y peruanas, en el desarrollo social económico, equilibrio y protección del medio ambiente, la gobernabilidad, hacia una cohesión como nación peruana.

Politicas y Planes, CÓmo Operativizar?

Publicado en Noviembre 2011
http://www.facebook.com/#!/notes/rosa-de-f%C3%A1tima-d%C3%ADaz/politicas-y-planes-c%C3%B3mo-operativizar/317099181638967

Deseo hacer referencia a un par de documentos, los cuales considero interesantes para tomar en cuenta en nuestra reflexión sobre la actual estructura del Estado y los impactos en su funcionamiento para lograr el ansiado desarrollo equitativo con inclusión social.

Es una buena señal que ya vengamos escuchando la necesidad de articular Políticas y Planes en algunos decisores públicos. Sin embargo, sigue estando en la nebulosa del debate público el cómo operativizarlos.

Les propongo insistir en que el enfoque tiene que ser por OBJETIVOS, en función al ciudadano y no a un Ministerio y, en los niveles de gobierno, pensemos en una mirada territorial. Y qué bueno que el Presidente hoy mencionó el Ordenamiento Territorial.

Pero vuelvo a cómo operativizar, es decir, qué METODOLOGIA para la articulación transversal e intergubernamental. Y aquí reiteramos que sea POR RESULTADOS.

Nuestro país ya ha avanzado en grandes aspectos con esta metodología a través del Presupuesto por Resultados, pero falta ese puente que una el Planeamiento con el Presupuesto en una dinámica holística en la administración pública.

Esto permitirá apuntalar la postergada Reforma del Estado en su organización pensando en los pobladores peruanos y peruanas: GESTION POR RESULTADOS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS.

Y qué bueno que estos principios de gestión de los cuales vengo hablando y escribiendo hace algún tiempo, los vuelvo a encontrar en estos documentos:

1) HACIA UNA NUEVA ARQUITECTURA DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO - CEPAL 2011 (Recomiendo Capítulo III)

2) GESTION PARA RESULTADOS EN DESARROLLO - BID 2010 (Precisa la metodología y muestra cifras de Perú sin avances en el sistema de planificación)

Para terminar, voy a tomar uno de los títulos del último Informe de Desarrollo Humano de PNUD "Seguir haciendo las cosas como siempre no es equitativo ni sostenible" Aqui el link del documento: http://www.beta.undp.org/undp/es/home.html

Hacia un Programa Presupuestal para la Igualdad de Género

“El logro de resultados de desarrollo y rendir cuentas abiertamente por esos resultados debe ser parte central de todo lo que hacemos. Hoy más que nunca, los ciudadanos y los contribuyentes de todos los países esperan ver resultados tangibles de las iniciativas de desarrollo. Demostraremos que nuestras acciones conllevan efectos positivos sobre la vida de las personas. Respecto de estos resultados, rendiremos cuentas entre nosotros y ante nuestros respectivos parlamentos y órganos de gobiernos”. [1]

La expresión de este compromiso de Estado, al que también está suscrito el Perú, demanda esfuerzos de sus autoridades a fin de mostrar resultados tangibles por sus ciudadanos. Parte de ello, son los avances en Políticas de Modernización de la Gestión Publica, con lineamientos generales y alcances en su implementación cuyo proceso está por construirse. Como bien sabemos, los esfuerzos a veces son aislados y desarticulados en los diferentes niveles de gobierno y en ese proceso, la mención de procesos bajo una “cadena de valor” en un enfoque por resultados ya es un gran avance, que, sin embargo, requiere aún más en su institucionalización ya que estos avances en la implementación del enfoque por resultados en la gestión pública peruana, no abordan en su integralidad, por ejemplo, aspectos relativos a la igualdad de género puesto que los diagnósticos no abordan desigualdades de género, no mostrando cómo los problemas afectan a hombres y mujeres.

El Plan Nacional de Desarrollo – Plan Bicentenario[2] y los diferentes planes nacionales no consideran objetivos y resultados para la igualdad de género; a su vez, el Presupuesto Público financia de forma limitada las intervenciones para reducir la desigualdad de género y por el lado de la inversión pública no considera la igualdad de género como un criterio para la priorización de acciones. Del mismo modo, los sistemas de seguimiento y monitoreo no consideran indicadores de género o para la reducción de brechas de género; así como la evaluación no analiza cambios en las disparidades de género y la rendición de cuentas que hacen las autoridades no aborda los avances y dificultades en el logro de la igualdad de género.

Del análisis efectuado al Plan Bicentenario se ha identificado lo siguiente en el ámbito de la igualdad de género:
OBJETIVO NACIONAL 1: Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas
Lineamientos De Política
Promoción de la equidad
5. Eliminar todas las formas de discriminación entre mujeres y varones, y asegurar el acceso pleno de las mujeres a los servicios educativos en todos sus niveles y a las posiciones de decisión pública y privada.
8. Establecer redes de protección a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, discapacitados y demás población vulnerable.
9. Consolidar la titulación de la propiedad de tierras con enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, respetando la diversidad cultural y la vocación natural de los suelos y sin favorecer el cambio de uso.
Objetivo específico 4: Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema
Indicador: Relación entre el salario de hombres y el de mujeres
Indicador: Proporción de altos funcionarios del Estado mujeres
Acciones estratégicas
Fomentar que las mujeres jefas de hogar de familias rurales pobres vinculadas a los programas sociales, conozcan y utilicen mecanismos financieros de ahorro y crédito

OBJETIVO NACIONAL 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos
Diagnóstico:
Educación.- Estadísticas desagregadas por género en Educación Básica
Salud.- Estadísticas de Mortalidad Materna
Seguridad Ciudadana.- Mención a la problemática de la Violencia contra la mujer “…Siendo el número de mujeres preponderante desde la composición poblacional, y conocedores de su incidencia en el desarrollo económico y social, cabe señalar que en cuanto a las relaciones de género, si bien en el país se ha ido progresando en políticas de afirmación que propician el avance de la mujer —como el Acuerdo Nacional, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Ley de Igualdad de Oportunidades—, la vio­lencia aún está latente. Al lograr su autonomía física y económica, la mujer genera nuevas actitudes en relación con su cuerpo, su seguridad y su sexualidad, y tiene acceso a información que le permite un cabal conocimiento de su salud sexual y reproductiva. Al respecto, existe una relación entre la mayor autonomía y el logro de bajas tasas de fecundidad.”
Inversión Social y Calidad De Gasto.- “…Dimensión de la pobreza por reducidas oportunidades para desempeñarse adecuadamente debido a diversas discriminaciones (género, regional, étnica, generacional); inseguridad por situaciones de violencia”; “…si hablamos de igualdad, hay que abolir privilegios y consagrar los dere­chos de todos los individuos, cualesquiera sean sus orígenes y condiciones de género, nacionalidad, edad, territorio y etnia”; “…Estrategia de transferencias monetarias condicionadas con perspectiva de género como una acción afirmativa para la equidad de género”
Objetivo específico 6: Seguridad ciudadana mejorada significativamente
Acciones estratégicas
Implementar el Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer

OBJETIVO NACIONAL 4: Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad

Lineamientos de Política
Empleo
3. Promover el acceso de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y los discapacitados a los mercados de trabajo.
Como se puede apreciar, en lo relativo a la Igualdad de Género, no existe congruencia entre los objetivos nacionales, lineamientos, objetivos específicos, acciones estratégicas y se han identificado solo dos indicadores relativos a la igualdad de género en el Objetivo Nacional 1.

Esto es preocupante ya que varias de las Políticas y normas que se vienen aprobando, como la misma Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación, la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional, el TUO de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley de Presupuesto 2013, entre otras, vienen aludiendo y haciendo mandatorio la articulación del planeamiento a los objetivos del Plan Bicentenario.

En este escenario es importante señalar la aprobación del Plan Nacional de Igualdad de Género - PLANIG[3], concebido bajo el paraguas normativo de la Ley de Igualdad de Oportunidades - LIO^[4], en cuyo Artículo Nº 4, referido al Rol del Estado, establece la necesidad de implementar políticas públicas bajo una perspectiva de género.

La orientación hacia el logro de resultados es un aspecto fundamental del PLANIG, toda vez que permitirá medir la eficacia de las intervenciones públicas para lograr cambios a favor de la igualdad de género y el cierre de brechas entre los hombres y las mujeres en el proceso de alcanzar cada vez mejores condiciones para una vida digna y acceder a los servicios y beneficios que brinda el Estado a través de las políticas públicas.

El PLANIG, expresa en su Objetivo General que, el Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno, transversaliza el enfoque de género en las políticas públicas, garantizando la igualdad de género y la efectiva protección de los derechos humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de sus potencialidades y capacidades individuales y colectivas.

El PLANIG tiene los siguientes Objetivos estratégicos:

1.     Promover y fortalecer la transversalización del enfoque de género en los tres niveles de gobierno.
2.     Fortalecer una cultura de respeto y valoración de las diferencias de género
3.     Reducir brechas educativas entre mujeres y hombres
4.     Mejorar la Salud de las mujeres y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres
5.     Garantizar los derechos económicos de las mujeres  en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con los hombres.
6.     Reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones
7.     Incrementar la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones y la participación política y ciudadana
8.     Valorar el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales.

La labor por hacer es, articular el Plan de Igualdad de Género – PLANIG a los objetivos de Política del Acuerdo Nacional, en tanto se hace incidencia pública y política a fin de contribuir a la mejora en el diseño del Plan Bicentenario para asegurar se incorpore el enfoque de género en todos sus ámbitos. De igual modo, para la articulación y alineamiento a las Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional, será al Área 1: Inclusión Social y Acceso a Servicios Básicos, en el Tema Prioritario 3. Empoderamiento de la mujer y atención a grupos vulnerables.

A estas alturas, es importante hacer mención a un instrumento referencial para el planeamiento en el mediano plazo y es el Marco Macroeconómico Multianual, el cual contiene las proyecciones macroeconómicas del país para tres años, desarrollando Principios de Política Fiscal, metas de la política fiscal; variables macroeconómicas; proyecciones de ingresos y gastos fiscales en todos los niveles de Gobierno; principales proyectos de inversión pública; nivel de endeudamiento público e indicadores.

Y es importante hacer esta mención, ya que esas proyecciones apuntan a Lineamientos de Política Económica 2013 – 2015[5], dirigidos a:

1.     Mayor inclusión social y reducción de la pobreza, para utilizar los mayores ingresos fiscales permanentes, en una inversión focalizada del gasto social para generar igualdad de oportunidades, en especial de los excluidos, para acceder a mayores niveles de bienestar a través de intervenciones costo-efectivas.

En los Principios de Política Fiscal 2013 – 2015, entre otros, se rescata:
2. Fortalecer el espacio fiscal Acumular niveles significativos de ahorro público para afrontar posibles catástrofes con parte de los ingresos de RRNN no renovables para una mayor equidad intergeneracional.

Es decir, será necesario, situarnos en el marco de la planificación estratégica de las políticas públicas e incorporar el análisis de género en el diseño y la gestión de las políticas públicas y articular todos los procesos desde el diagnóstico, planificación estratégica, operativa, programación presupuestal y evaluación de los resultados; por lo tanto, también será importante hacer incidencia pública y política ante el MEF y el BCR a fin de sensibilizarlos respecto al impacto del cierre de las brechas de género en el desarrollo sustentable y sostenible del país y la necesidad de asignar mayores recursos.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, que Preside la Comisión Multisectorial para la implementación del PLANIG, deberá impulsar la definición de objetivos y resultados de carácter prioritario para la igualdad de género, en el mediano y  largo plazo, desarrollando acciones estratégicas para alcanzarlos, haciendo incidencia pública y política para una efectiva asignación de los recursos necesarios para su implementación y sostenibilidad, con evaluaciones a partir de la construcción de indicadores que permitan analizar los resultados y los progresos en el logro de la igualdad de género

Es de precisar que, más que políticas focalizadas en la mujer se debieran construir políticas dirigidas a transformar las relaciones de género, lo cual implica dejar la mirada sectorial para abarcar todos los campos de la sociedad, economía, ambiente, territorialidad, interculturalidad, así como la diversidad del sujeto mujer que lleva a otras dimensiones: etnia, clase, grupo etario, orientación sexual; y es que género incluye a la masculinidad.

El MIMP deberá diseñar e implementar los medios necesarios para que la intervención esté convenientemente coordinada y se base en pautas de actuación programadas y planificadas, siendo este uno de los enfoques que orienta al PLANIG, de modo que la adecuada coordinación entre todos los actores involucrados permita optimizar los recursos y mejorar la atención a la ciudadanía desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, dado que la estrategia para la Igualdad de Género considera tres modalidades de articulación: la intersectorial, la intergubernamental y la de planes nacionales.[6]

Eliminar las brechas entre hombres y mujeres y alcanzar la igualdad de género implica la articulación del conjunto de instrumentos de política y gestión así como acciones política partidaria e informales con actores que inciden en la política; con agencias de cooperación internacional, de la sociedad civil y demás actores en conjunto en el marco de sus mandatos y responsabilidades.

La coordinación para la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, constituirá el proceso de analizar las implicancias que tiene para hombres y mujeres cualquier acción planificada, incluyendo legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Permite hacer de las necesidades e intereses de hombres y mujeres una dimensión integrada en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que hombres y mujeres se beneficien igualitariamente.[7]

Por ello es que, metodológicamente, en la definición de objetivos debiera comprender un diagnóstico con una causalidad integral, con análisis conceptual, explicativo y descriptivo, con indicadores, línea de base y metas con avances verificables, enmarcados en un Modelo Lógico, es decir, en un enfoque por resultados, tomando el diseño del PLANIG y ejerciendo ajustes para sustentar el modelo conceptual, explicativo y descriptivo; y es que, la clave para lograr la igualdad de género, es orientar las políticas nacionales a superar las causas fundamentales de las disparidades de género.[8] Hecho esto, se habría construido un PROGRAMA PRESUPUESTAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Se deberá tener cuidado en la asignación de los recursos, con una definición clara y una objetiva determinación de metas, productos o servicios que cada entidad involucrada, así como de sus respectivos costos, a fin de que exista coherencia entre los insumos que van a ser adquiridos y los servicios que serán provistos con ellos, con lo cual los presupuestos se dirigirán a cerrar las brechas. Esto llevará a la transversalización del enfoque de género en todos los niveles del Estado, con un monitoreo y evaluación permanente de las políticas a través de indicadores de género e incluso cambios en las relaciones de género: con nuevos estándares para hombres y mujeres.

 
Finalmente y no menos importante, será apoyar el desarrollo de capacidades para el diseño, articulación, coordinación en los procesos funcionales y administrativos, la vigilancia, ciudadanía activa, con sistemas de información integrales con datos desagregados por género con sus especificidades y características. Esto requerirá cambios en el proceso de toma de decisiones y en la forma de implementación de esta política pública: articulación, coordinación y cooperación multisectorial, intergubernamental, con una  asignación presupuestal multianual, para la reducción de la desigualdad de género.

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[1] 3er Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. Programa de Acción de Accra 2008

[2] Decreto Supremo 054-2011-PCM

[3] Decreto Supremo 004-2012-MIMP. Plan de Igualdad de Género 2012-2017

[4] Ley 28983, Artículo 4º.- Es rol del Estado, para los efectos de la presente Ley:

1.    Promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando todas las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este derecho, con el fin de erradicar todas las formas de discriminación.

2.    Adoptar medidas de acción positiva de carácter temporal, encaminadas acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre, las que no se considerarán discriminatorias.

3.    Incorporar y promover el uso de lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno.

[5] Resolución Ministerial Nº 383-2012-EF/15

[6] Decreto Supremo 004-2012-MIMP. Plan de Igualdad de Género 2012-2017

[7] Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 1997

[8] Ana Revenga, codirectora del Informe del Banco Mundial sobre Desarrollo Mundial 2012: Igualdad de género y desarrollo