UNA MIRADA ESTRATÉGICA EN LA GESTIÓN DEL ESTADO Y DE GOBIERNO

Una norma muy importante emitida en los últimos días del gobierno del ex Presidente Kuczynski, ha sido la aprobación del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, titulado como “Reglamento que regula las Políticas Nacionales” pero que en realidad en sus contenidos sienta orientaciones y bases para la gestión del Estado en el largo plazo así como el alineamiento de políticas públicas, su implementación a través del planeamiento y su operación con enfoque territorial, explicitando además el enfoque de género e intercultural.

Valioso avance en el ordenamiento de la organización y gestión del Estado, para un desarrollo equitativo, sostenible y sustentable, pero además con mirada estratégica hacia una visión de futuro compartido.

Por primera vez, desde su acuerdo por consenso entre diferentes actores del país, las Políticas del Acuerdo Nacional, se incorporan al proceso de institucionalización y se definen como el marco de Políticas de Estado de largo aliento a las que nos dirigimos. Más allá del marco internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es importante rescatar la aspiración consensuada hacia el bienestar de la persona, así como el desarrollo humano y solidario que señala el Foro del Acuerdo Nacional con sus cuatro grandes objetivos: Democracia y Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social, Competitividad del País y Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.

Un aspecto importante que señala esta norma, es cómo enlaza las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional a la institucionalidad y gestión del Estado, y es que precisa que estas Políticas de Estado se concretan a través del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Recordemos que, hasta la fecha contamos con el Plan Bicentenario – Perú hacia el 2021, aprobado en el 2011; teniendo un horizonte restante de tres años, no se puede hablar de largo plazo; por lo tanto, como recientemente lo ha señalado el Presidente de CEPLAN, no disponemos de un Plan de largo plazo actualizado, ni siquiera aun definen si debiera ser al 2030 o al 2050, menos aún, no se define esa visión de futuro compartido. Preocupante porque además señala que no hay plazo para elaborar el Plan.

Un concepto diferenciado de las Políticas de Estado, que se enuncia en esta norma son las Políticas Nacionales, señalando a estas últimas como la priorización de objetivos y acciones para resolver un problema público, las cuales pueden ser de carácter sectorial o multisectorial. Este carácter, puede responder a la actual organización sectorial del Estado, así como a los aspectos metodológicos de su actual gestión en mixtura de la gestión tradicional inercial y el enfoque por resultados, introducido en la Política de Modernización de la Gestión Pública, así como en el Presupuesto por Resultados desde el 2008. Esta mirada sectorial que aún prevalece, obedece a un retraso desde la planificación misma del Estado que no termina de articular ni alinear procesos a objetivos de política nacional con resultados en función al ciudadano. Gran tarea pendiente, muy relacionada a lo señalado en el párrafo anterior, que incluso debiera decantar en una Reforma en la organización del Estado.

Al respecto, podríamos decir que los procesos pueden ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, por lo cual traemos a colación un concepto muy importante señalado en esta norma y es los MODELOS de provisión de bienes y servicios orientados al ciudadano, muy afín a un acuerdo del IV GORE de mayo del año pasado, por el cual se señala definir roles y responsabilidades de cada nivel de gobierno en la entrega de un bien o servicio.  Este ejercicio de alguna manera forzará a identificar la cadena de valor y el ciclo de producción del servicio en el actuar de los sistemas administrativos de cada nivel de gobierno. Ojalá que incorporando el enfoque territorial se pueda definir que, es mandatorio pensar en resultados y siempre con carácter multisectorial, centrados en los ciudadanos. Esta dinámica permitirá visualizar mucho mejor los objetivos de política nacional, desterrando miradas sectoriales y posiblemente revisando los actuales sistemas funcionales e incorporando aspectos relativos a la gobernanza y gobernabilidad.

Finalmente, un concepto muy importante en la actual coyuntura que se incorpora en esta norma es la Política General de Gobierno, descrita como el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de las políticas nacionales durante un periodo de gobierno; es decir, en el marco de las Políticas de Estado y las Políticas Nacionales existentes o a actualizar, cada gobierno priorizará sus objetivos de gobierno los cuales serán aprobados mediante Decreto Supremo.

Como se recuerda, en su discurso de investidura, el Pdte. Martin Vizcarra expuso como sus prioridades de gobierno acciones en materia de Educación, Salud, Seguridad Ciudadana, Generación de Empleo de calidad, Fomento de la inversión privada, Apoyo a la pequeña y mediana empresa; Infraestructura sostenible, Competitividad económica, Lucha contra la corrupción, para un Desarrollo Equitativo, Democrático e Integrador. Por otro lado, en días pasados el Premier Villanueva anunció una ronda de diálogos con las bancadas parlamentarias teniendo como ejes de su Plan de Trabajo con el Legislativo aspectos en materia de Crecimiento de la economía, Lucha contra la corrupción, Fortalecimiento institucional y “Temas” de Infancia; previo a su exposición de la Política General del Gobierno ante el Congreso este 2 de mayo, donde solicitará el voto de confianza.

Sería conveniente que definan bien sus prioridades, por cuanto estas deberán reflejarse en metas para el periodo de gobierno. Esta norma también señala que el seguimiento a las metas que se prioricen en la Política General de Gobierno estarán a cargo de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial de la PCM, la cual corresponde, en parte, a la figura del Centro de Gobierno, cuyas acciones deben estar articuladas al CEPLAN y el MEF a fin de asegurar el debido financiamiento que garantice el cumplimiento de los objetivos priorizados y las políticas nacionales en equilibrio con el marco macroeconómico multianual, acorde a las recomendaciones de la OCDE.

A pesar de que en líneas generales la norma tiene algunos traslapes materiales y muchas tareas pendientes en cuanto a instrumentalización sobretodo por parte de CEPLAN así como la Secretaria de Gestión Pública y la Secretaria de Descentralización; consideramos que es un valioso marco para definir hacia dónde vamos, qué pasos damos y en qué plazos y cómo el Estado debe rendir cuenta de los avances y logros ante la ciudadanía, hacia una visión de futuro compartido en cohesión.