Hacia un Programa Presupuestal para la Igualdad de Género

“El logro de resultados de desarrollo y rendir cuentas abiertamente por esos resultados debe ser parte central de todo lo que hacemos. Hoy más que nunca, los ciudadanos y los contribuyentes de todos los países esperan ver resultados tangibles de las iniciativas de desarrollo. Demostraremos que nuestras acciones conllevan efectos positivos sobre la vida de las personas. Respecto de estos resultados, rendiremos cuentas entre nosotros y ante nuestros respectivos parlamentos y órganos de gobiernos”. [1]

La expresión de este compromiso de Estado, al que también está suscrito el Perú, demanda esfuerzos de sus autoridades a fin de mostrar resultados tangibles por sus ciudadanos. Parte de ello, son los avances en Políticas de Modernización de la Gestión Publica, con lineamientos generales y alcances en su implementación cuyo proceso está por construirse. Como bien sabemos, los esfuerzos a veces son aislados y desarticulados en los diferentes niveles de gobierno y en ese proceso, la mención de procesos bajo una “cadena de valor” en un enfoque por resultados ya es un gran avance, que, sin embargo, requiere aún más en su institucionalización ya que estos avances en la implementación del enfoque por resultados en la gestión pública peruana, no abordan en su integralidad, por ejemplo, aspectos relativos a la igualdad de género puesto que los diagnósticos no abordan desigualdades de género, no mostrando cómo los problemas afectan a hombres y mujeres.

El Plan Nacional de Desarrollo – Plan Bicentenario[2] y los diferentes planes nacionales no consideran objetivos y resultados para la igualdad de género; a su vez, el Presupuesto Público financia de forma limitada las intervenciones para reducir la desigualdad de género y por el lado de la inversión pública no considera la igualdad de género como un criterio para la priorización de acciones. Del mismo modo, los sistemas de seguimiento y monitoreo no consideran indicadores de género o para la reducción de brechas de género; así como la evaluación no analiza cambios en las disparidades de género y la rendición de cuentas que hacen las autoridades no aborda los avances y dificultades en el logro de la igualdad de género.

Del análisis efectuado al Plan Bicentenario se ha identificado lo siguiente en el ámbito de la igualdad de género:
OBJETIVO NACIONAL 1: Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas
Lineamientos De Política
Promoción de la equidad
5. Eliminar todas las formas de discriminación entre mujeres y varones, y asegurar el acceso pleno de las mujeres a los servicios educativos en todos sus niveles y a las posiciones de decisión pública y privada.
8. Establecer redes de protección a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, discapacitados y demás población vulnerable.
9. Consolidar la titulación de la propiedad de tierras con enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, respetando la diversidad cultural y la vocación natural de los suelos y sin favorecer el cambio de uso.
Objetivo específico 4: Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema
Indicador: Relación entre el salario de hombres y el de mujeres
Indicador: Proporción de altos funcionarios del Estado mujeres
Acciones estratégicas
Fomentar que las mujeres jefas de hogar de familias rurales pobres vinculadas a los programas sociales, conozcan y utilicen mecanismos financieros de ahorro y crédito

OBJETIVO NACIONAL 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos
Diagnóstico:
Educación.- Estadísticas desagregadas por género en Educación Básica
Salud.- Estadísticas de Mortalidad Materna
Seguridad Ciudadana.- Mención a la problemática de la Violencia contra la mujer “…Siendo el número de mujeres preponderante desde la composición poblacional, y conocedores de su incidencia en el desarrollo económico y social, cabe señalar que en cuanto a las relaciones de género, si bien en el país se ha ido progresando en políticas de afirmación que propician el avance de la mujer —como el Acuerdo Nacional, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Ley de Igualdad de Oportunidades—, la vio­lencia aún está latente. Al lograr su autonomía física y económica, la mujer genera nuevas actitudes en relación con su cuerpo, su seguridad y su sexualidad, y tiene acceso a información que le permite un cabal conocimiento de su salud sexual y reproductiva. Al respecto, existe una relación entre la mayor autonomía y el logro de bajas tasas de fecundidad.”
Inversión Social y Calidad De Gasto.- “…Dimensión de la pobreza por reducidas oportunidades para desempeñarse adecuadamente debido a diversas discriminaciones (género, regional, étnica, generacional); inseguridad por situaciones de violencia”; “…si hablamos de igualdad, hay que abolir privilegios y consagrar los dere­chos de todos los individuos, cualesquiera sean sus orígenes y condiciones de género, nacionalidad, edad, territorio y etnia”; “…Estrategia de transferencias monetarias condicionadas con perspectiva de género como una acción afirmativa para la equidad de género”
Objetivo específico 6: Seguridad ciudadana mejorada significativamente
Acciones estratégicas
Implementar el Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer

OBJETIVO NACIONAL 4: Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad

Lineamientos de Política
Empleo
3. Promover el acceso de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y los discapacitados a los mercados de trabajo.
Como se puede apreciar, en lo relativo a la Igualdad de Género, no existe congruencia entre los objetivos nacionales, lineamientos, objetivos específicos, acciones estratégicas y se han identificado solo dos indicadores relativos a la igualdad de género en el Objetivo Nacional 1.

Esto es preocupante ya que varias de las Políticas y normas que se vienen aprobando, como la misma Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación, la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional, el TUO de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley de Presupuesto 2013, entre otras, vienen aludiendo y haciendo mandatorio la articulación del planeamiento a los objetivos del Plan Bicentenario.

En este escenario es importante señalar la aprobación del Plan Nacional de Igualdad de Género - PLANIG[3], concebido bajo el paraguas normativo de la Ley de Igualdad de Oportunidades - LIO^[4], en cuyo Artículo Nº 4, referido al Rol del Estado, establece la necesidad de implementar políticas públicas bajo una perspectiva de género.

La orientación hacia el logro de resultados es un aspecto fundamental del PLANIG, toda vez que permitirá medir la eficacia de las intervenciones públicas para lograr cambios a favor de la igualdad de género y el cierre de brechas entre los hombres y las mujeres en el proceso de alcanzar cada vez mejores condiciones para una vida digna y acceder a los servicios y beneficios que brinda el Estado a través de las políticas públicas.

El PLANIG, expresa en su Objetivo General que, el Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno, transversaliza el enfoque de género en las políticas públicas, garantizando la igualdad de género y la efectiva protección de los derechos humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de sus potencialidades y capacidades individuales y colectivas.

El PLANIG tiene los siguientes Objetivos estratégicos:

1.     Promover y fortalecer la transversalización del enfoque de género en los tres niveles de gobierno.
2.     Fortalecer una cultura de respeto y valoración de las diferencias de género
3.     Reducir brechas educativas entre mujeres y hombres
4.     Mejorar la Salud de las mujeres y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres
5.     Garantizar los derechos económicos de las mujeres  en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con los hombres.
6.     Reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones
7.     Incrementar la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones y la participación política y ciudadana
8.     Valorar el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales.

La labor por hacer es, articular el Plan de Igualdad de Género – PLANIG a los objetivos de Política del Acuerdo Nacional, en tanto se hace incidencia pública y política a fin de contribuir a la mejora en el diseño del Plan Bicentenario para asegurar se incorpore el enfoque de género en todos sus ámbitos. De igual modo, para la articulación y alineamiento a las Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional, será al Área 1: Inclusión Social y Acceso a Servicios Básicos, en el Tema Prioritario 3. Empoderamiento de la mujer y atención a grupos vulnerables.

A estas alturas, es importante hacer mención a un instrumento referencial para el planeamiento en el mediano plazo y es el Marco Macroeconómico Multianual, el cual contiene las proyecciones macroeconómicas del país para tres años, desarrollando Principios de Política Fiscal, metas de la política fiscal; variables macroeconómicas; proyecciones de ingresos y gastos fiscales en todos los niveles de Gobierno; principales proyectos de inversión pública; nivel de endeudamiento público e indicadores.

Y es importante hacer esta mención, ya que esas proyecciones apuntan a Lineamientos de Política Económica 2013 – 2015[5], dirigidos a:

1.     Mayor inclusión social y reducción de la pobreza, para utilizar los mayores ingresos fiscales permanentes, en una inversión focalizada del gasto social para generar igualdad de oportunidades, en especial de los excluidos, para acceder a mayores niveles de bienestar a través de intervenciones costo-efectivas.

En los Principios de Política Fiscal 2013 – 2015, entre otros, se rescata:
2. Fortalecer el espacio fiscal Acumular niveles significativos de ahorro público para afrontar posibles catástrofes con parte de los ingresos de RRNN no renovables para una mayor equidad intergeneracional.

Es decir, será necesario, situarnos en el marco de la planificación estratégica de las políticas públicas e incorporar el análisis de género en el diseño y la gestión de las políticas públicas y articular todos los procesos desde el diagnóstico, planificación estratégica, operativa, programación presupuestal y evaluación de los resultados; por lo tanto, también será importante hacer incidencia pública y política ante el MEF y el BCR a fin de sensibilizarlos respecto al impacto del cierre de las brechas de género en el desarrollo sustentable y sostenible del país y la necesidad de asignar mayores recursos.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, que Preside la Comisión Multisectorial para la implementación del PLANIG, deberá impulsar la definición de objetivos y resultados de carácter prioritario para la igualdad de género, en el mediano y  largo plazo, desarrollando acciones estratégicas para alcanzarlos, haciendo incidencia pública y política para una efectiva asignación de los recursos necesarios para su implementación y sostenibilidad, con evaluaciones a partir de la construcción de indicadores que permitan analizar los resultados y los progresos en el logro de la igualdad de género

Es de precisar que, más que políticas focalizadas en la mujer se debieran construir políticas dirigidas a transformar las relaciones de género, lo cual implica dejar la mirada sectorial para abarcar todos los campos de la sociedad, economía, ambiente, territorialidad, interculturalidad, así como la diversidad del sujeto mujer que lleva a otras dimensiones: etnia, clase, grupo etario, orientación sexual; y es que género incluye a la masculinidad.

El MIMP deberá diseñar e implementar los medios necesarios para que la intervención esté convenientemente coordinada y se base en pautas de actuación programadas y planificadas, siendo este uno de los enfoques que orienta al PLANIG, de modo que la adecuada coordinación entre todos los actores involucrados permita optimizar los recursos y mejorar la atención a la ciudadanía desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, dado que la estrategia para la Igualdad de Género considera tres modalidades de articulación: la intersectorial, la intergubernamental y la de planes nacionales.[6]

Eliminar las brechas entre hombres y mujeres y alcanzar la igualdad de género implica la articulación del conjunto de instrumentos de política y gestión así como acciones política partidaria e informales con actores que inciden en la política; con agencias de cooperación internacional, de la sociedad civil y demás actores en conjunto en el marco de sus mandatos y responsabilidades.

La coordinación para la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, constituirá el proceso de analizar las implicancias que tiene para hombres y mujeres cualquier acción planificada, incluyendo legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Permite hacer de las necesidades e intereses de hombres y mujeres una dimensión integrada en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que hombres y mujeres se beneficien igualitariamente.[7]

Por ello es que, metodológicamente, en la definición de objetivos debiera comprender un diagnóstico con una causalidad integral, con análisis conceptual, explicativo y descriptivo, con indicadores, línea de base y metas con avances verificables, enmarcados en un Modelo Lógico, es decir, en un enfoque por resultados, tomando el diseño del PLANIG y ejerciendo ajustes para sustentar el modelo conceptual, explicativo y descriptivo; y es que, la clave para lograr la igualdad de género, es orientar las políticas nacionales a superar las causas fundamentales de las disparidades de género.[8] Hecho esto, se habría construido un PROGRAMA PRESUPUESTAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Se deberá tener cuidado en la asignación de los recursos, con una definición clara y una objetiva determinación de metas, productos o servicios que cada entidad involucrada, así como de sus respectivos costos, a fin de que exista coherencia entre los insumos que van a ser adquiridos y los servicios que serán provistos con ellos, con lo cual los presupuestos se dirigirán a cerrar las brechas. Esto llevará a la transversalización del enfoque de género en todos los niveles del Estado, con un monitoreo y evaluación permanente de las políticas a través de indicadores de género e incluso cambios en las relaciones de género: con nuevos estándares para hombres y mujeres.

 
Finalmente y no menos importante, será apoyar el desarrollo de capacidades para el diseño, articulación, coordinación en los procesos funcionales y administrativos, la vigilancia, ciudadanía activa, con sistemas de información integrales con datos desagregados por género con sus especificidades y características. Esto requerirá cambios en el proceso de toma de decisiones y en la forma de implementación de esta política pública: articulación, coordinación y cooperación multisectorial, intergubernamental, con una  asignación presupuestal multianual, para la reducción de la desigualdad de género.

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[1] 3er Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. Programa de Acción de Accra 2008

[2] Decreto Supremo 054-2011-PCM

[3] Decreto Supremo 004-2012-MIMP. Plan de Igualdad de Género 2012-2017

[4] Ley 28983, Artículo 4º.- Es rol del Estado, para los efectos de la presente Ley:

1.    Promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando todas las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este derecho, con el fin de erradicar todas las formas de discriminación.

2.    Adoptar medidas de acción positiva de carácter temporal, encaminadas acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre, las que no se considerarán discriminatorias.

3.    Incorporar y promover el uso de lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno.

[5] Resolución Ministerial Nº 383-2012-EF/15

[6] Decreto Supremo 004-2012-MIMP. Plan de Igualdad de Género 2012-2017

[7] Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 1997

[8] Ana Revenga, codirectora del Informe del Banco Mundial sobre Desarrollo Mundial 2012: Igualdad de género y desarrollo

Capacidades en el servicio público para la implementación del plan de modernización de la gestión pública

Entendemos el desarrollo de capacidades como la habilidad que tienen los individuos, grupos, instituciones y sistemas en general para identificar y resolver sus problemas; para desarrollar e implementar estrategias que les permitan conseguir sus objetivos de desarrollo de una manera sostenible.[1]

Es necesario tomar en cuenta que el desarrollo de capacidades es un esfuerzo de largo plazo y debe partir por reconocer que las personas, organizaciones e instituciones cuentan con capacidades potenciales en las que se puede construir cualquier aprendizaje nuevo.

En este sentido, es necesario diseñar estrategias que incidan en tres niveles inclusivos e interdependientes: el nivel individual, el organizacional y el ambiental [2].

-     El nivel individual es el elemento más importante, ya que se convierte en la base de la capacidad organizacional. El nivel individual se refiere a la competencia que tienen las personas de proponerse objetivos y alcanzarlos usando sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

-     El nivel organizacional es todo aquello que influya en el desempeño de la organización, ya sean los recursos materiales (equipos, infraestructura), los procedimientos, la estructura, los estilos de gerencia y liderazgo, los recursos humanos con los que cuenta, entre otros.

-     El nivel ambiental alude al contexto y las condiciones necesarias que permiten demostrar la capacidad, ya sea en los niveles individuales como organizacionales; por ejemplo, el conjunto de leyes y políticas, reglas, prácticas y normas culturales, redes sociales, etc.

En la administración pública del Perú, debiera apuntarse a fortalecer o desarrollar un conjunto de competencias en los servidores públicos de los tres niveles de gobierno para una eficiente y eficaz gestión pública, en el marco de los procesos de modernización, en base a conocimientos, habilidades y actitudes que generen valor público y una interrelación de Estado-Ciudadanía con objetivos comunes en un esfuerzo por hacer coincidir intereses del principal-ciudadanos con mecanismos de incentivos en los agentes-servidores públicos.

Las debilidades de los recursos humanos en la administración pública están determinadas por múltiples causalidades, que pasan también por una inadecuada determinación de los perfiles para los puestos y funciones bajo un enfoque por resultados[3] en todo el circulo virtuoso que involucra sistemas funcionales y administrativos, que obviamente requiere procesos de planificación y definición de objetivos para conocer los insumos (parte de ellos, recursos humanos) requeridos. De ahí que, a manera de línea de base, se debiera determinar el desarrollo de capacidades, los mecanismos de evaluación del desempeño e incentivos necesarios. En este sentido, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR debiera tener claro este círculo virtuoso, a fin de sintonizar con las necesidades de la administración pública.

En el diseño y articulación de objetivos de política, las capacidades son disimiles, los órganos de línea que impulsan las políticas no logran sintonizar con los órganos de asesoría, en especial los de planificación, que generalmente llevan una gestión en base a presupuestos inerciales sin mucha orientación hacia la planificación para resultados; por lo tanto, las propuestas de política al intentar insertarse en los planes y en la programación, terminan distorsionadas ante un poco entendimiento al alinear lo planificado con la definición de componentes, metas, acciones y tareas dentro de una estructura funcional programática.

En los niveles administrativos, se torna más dramático y en muchos casos termina siendo el gran cuello de botella al no sintonizar con la política ni lo planificado, si es que hubiera alguna congruencia. Y es que, por ejemplo, en los procesos de contrataciones y adquisiciones de los insumos necesarios para llevar a cabo las tareas y actividades que permitirán la consecución de los productos, muchas veces termina frenando los procesos, sea por desconocimiento de los mismos o limitantes del marco legal existente. Del mismo modo, en este ámbito, los sistemas de contabilidad y costos aún son débiles y no permiten definir los cálculos de los procesos para la obtención de los productos hacia los resultados.

Hay pues necesidad de fortalecer capacidades en los recursos humanos de la administración pública, en especial en los órganos que forman parte del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN que debieran definir objetivos alineados a los objetivos de política nacional, con resultados, productos, actividades y tareas con insumos necesarios para hacer políticas públicas sostenibles y de impacto en todos los niveles de gobierno en beneficio de los ciudadanos.

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[1] Lusthaus. 1995, Peter Morgan 1996.

[2] Atsushi Matachi. Capacity Building Framework UNESCO-IICBA. UNESCO - International Institute for Capacity Building in Africa. 2006

[3] DS 004-2013-PCM Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública

Rol de CEPLAN en la coordinación y articulación para la implementación del plan de modernización de la gestión pública

Un Estado unitario y descentralizado requiere articular y alinear la acción de sus niveles de gobierno, a manera de asegurar el logro de objetivos y metas de conjunto que contribuyan a equiparar las oportunidades de desarrollo a las que pueden acceder sus ciudadanos en cualquier lugar del país.

La descentralización involucra la idea de que los gobiernos locales, por su cercanía con los usuarios de la administración pública y el contacto directo con los problemas, proponen soluciones más eficaces, y también ha respondido a la necesidad de una gobernanza democrática más participativa: un gobierno de proximidad que interactúe cotidianamente incorporando prácticas de democracia directa. En este contexto descentralizador, las acciones de gobierno que suponen relaciones en sentido vertical (entre diferentes niveles de gobierno) y horizontal (entre unidades administrativas, programas y proyectos de un mismo nivel de gobierno) se multiplican y superponen en lógicas diferenciadas, en objetivos encontrados y/o interpretados de distintas maneras que se intentan alcanzar con herramientas que, muchas veces, son diferentes.[1]

Si bien el proceso de descentralización ha estado básicamente impulsado por la voluntad política de dirigentes y funcionarios; sin embargo, su implementación requiere aún de orientaciones, instrumentos técnicos adecuados, pues surgen una serie de problemas vinculados a la escasa articulación de las políticas públicas, a la dispersión en la rendición de cuentas y a la pérdida de coherencia ante la baja capacidad de cooperación entre actores y niveles de gobierno.

Constituye un reto pues, la coordinación que involucran a diferentes niveles de gobierno para garantizar una provisión de bienes y servicios que generen valor para los ciudadanos, por lo que se resalta la importancia de los procesos de coordinación al crear las condiciones para la cooperación y colaboración entre actores involucrados y niveles de gobierno.

La coordinación[2], puede definirse como el proceso de creación o utilización de reglas de decisión por el que dos o más actores se ocupan colectivamente de un entorno de trabajo compartido. La necesidad de coordinación surge de la interdependencia, del hecho que dos unidades de las mismas o diferentes organizaciones compartan un entorno de trabajo.

Para una eficaz coordinación, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN deberá tener en cuenta que es necesario partir de aspectos básicos o criterios[3] como la definición de objetivos estratégicos, sistemas de información, comunicación, monitoreo y evaluación, participación de los actores claves así como espacios de diálogo y deliberación para lograr consensos. Para que las políticas públicas se mantengan coordinadas hasta llegar a los ciudadanos, se requiere poner en juego mecanismos efectivos de coordinación y cooperación con estas características y criterios, entre los niveles de gobierno y los ciudadanos de su jurisdicción.

Cabe señalar, que una coordinación debe entenderse también como un proceso social, político y técnico a la vez, por lo que se deben tomar en cuenta las consideraciones del contexto, interculturalidad, influencias político-partidarias entre otras, ya que, sea por coincidencia o no, muchas veces contribuye a comprender mejor el funcionamiento de las relaciones intergubernamentales, como procesos paralelos informales. La dimensión técnica tiene especial importancia en la metodología para la definición de objetivos, indicadores, metas, que involucrarán su financiamiento-presupuesto debidamente sustentado.

El funcionamiento eficaz de mecanismos institucionalizados o no, de encuentro, diálogo y coordinación entre gobiernos y administraciones de uno o más niveles de gobierno y demás actores, deberá posibilitar una articulación intersectorial efectiva a nivel del gobierno nacional que deberá correlacionarse con una articulación territorial también efectiva entre las entidades de distintos niveles de gobierno que convergen en la implementación de políticas, programas o proyectos en cada ámbito territorial.

La coordinación intersectorial impulsa la integración de diversos sectores, sobre la base de la planificación que incluye una dirección macro política. Pensar intersectorialmente no sólo es un desafío técnico sino también cultural, en tanto requiere de un aprendizaje y supone instaurar nuevos valores,[4] con particularidades relativas a actores de sectores de diversas políticas públicas; involucra tanto prácticas horizontales como verticales; una dimensión política, que está dada por el apoyo y el compromiso de las autoridades; una dimensión técnica dada por lineamientos de política, orientaciones, instrumentos, enfoques metodológicos y por supuesto una planificación participativa, con definición de metas comunes a alcanzar y el establecimiento de indicadores compartidos respecto de su logro con el debido financiamiento-presupuesto.

La coordinación pues, como proceso, apunta a vincular entre sí a diversas entidades y agentes públicos con el fin de complementar sus recursos y capacidades y articular objetivos y acciones en espacios intersectoriales e intergubernamentales. Esta es una necesidad inevitable en el contexto del proceso de descentralización en curso, en el que tres niveles de gobierno deben coordinar y complementarse a través de múltiples materias de competencia compartida.

Con esta perspectiva, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, CEPLAN deberá impulsar, apoyar y constituir espacios y mecanismos de coordinación intergubernamental, interinstitucional e intersectorial en los tres niveles de gobierno, así como diversas iniciativas y formas posibles de cooperación interinstitucional que contribuyan a recoger las demandas de los ciudadanos y sus perspectivas de desarrollo a través de consensos.

Ello, permitirá que el Estado peruano transite progresivamente hacia un modelo de gobierno multinivel, en el que los tres niveles de gobierno se reconocen unos a otros, en su respectivo rol y como conformantes de un mismo Estado; y, producto de ello desarrollen relaciones de coordinación y complementación en un esquema flexible de interrelación y colaboración en distintas formas y sentidos, que en la práctica admite múltiples traslapes de competencias tanto horizontales como verticales.

Específicamente, es necesario ajustar y subrayar las acciones relativas a CEPLAN en el último Plan de Implementación aprobado con RM 125-2013-PCM, es decir, liderar no solo los Objetivos Específicos 1 y 2 sino también el 6 y el 8 relativos al Monitoreo y Evaluación y la implementación de su Sistema con ONGEI. Del mismo modo, en los lineamientos, como Sistema Funcional, liderar los objetivos específicos 10, 11 y 12 relativos a la coordinación y articulación de los objetivos de política nacional.

La tarea y reto de CEPLAN, es brindar a todos los niveles de gobierno, las políticas priorizadas del Gobierno y los lineamientos requeridos para la articulación de las políticas públicas, el planeamiento estratégico y el planeamiento operativo tanto a nivel sectorial como territorial, para lo cual deberán ser fortalecidas sus capacidades y recursos como rector del sistema de planeamiento estratégico en el Estado[5], tal como se señala en el diagnóstico/justificación del problema de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

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[1] Fortalecimiento de la gestión: Coordinación e Interesectorialidad en la gestión de las políticas públicas. INDES BID. 2012

[2] Peters. “La coordinación como concepto se refiere a “la necesidad de asegurar que las distintas organizaciones, públicas y privadas, responsables de la formación de las políticas públicas, trabajen juntas para no producir redundancia ni brechas en la entrega de los servicios” 1998.

[3] Licha Isabel, Molina Carlos y Repetto Fabián. INDES BID 2007

[4]  Cunill Grau. 2005

[5] Decreto Supremo 004-2013-PCM Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Planeamiento en un enfoque por resultados en la modernización de la gestión pública

Parte de una Reforma del Estado y la consiguiente mejora de la gestión pública, se traduce en el hecho de contar con servidores públicos comprometidos con la visión de un Estado eficiente, transparente y descentralizado, tal como lo establece el cuarto objetivo del Acuerdo Nacional, por lo que, para lograr este reto, es necesario que dichos servidores públicos se encuentren adecuadamente capacitados y entrenados con las mejores técnicas y herramientas de la administración moderna, de forma tal, que se logre agregar valor a la institucionalidad del Estado.

El Estado peruano, desde el año 2002, cuenta con la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado^[1], la cual hace referencia al proceso de modernización del Estado en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.

En concordancia con esta norma, se precisa que la administración pública, está orientada al servicio de la persona, es decir, la organización y toda actividad de una entidad pública deberá dirigirse a brindar un mejor servicio y al uso óptimo de los recursos estatales, priorizando permanentemente el interés y bienestar de la persona, a fin de garantizar un efectivo sistema de rendición de cuentas, debiendo establecerse mecanismos de gestión verificables e informando acerca de las razones que fundamentan sus acciones o decisiones^[2].

A través del Decreto Legislativo 1088 se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, este último como organismo técnico especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, tiene por función conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada de futuro del país en sus diversos sectores y niveles de gobierno, mediante la coordinación multisectorial, interinstitucional e intergubernamental; así como desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional orientadas al desarrollo armónico y sostenido del país y al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho.

Un primer producto de CEPLAN ha sido la promulgación del “Plan Bicentenario – Perú al 2021”[3], con los Objetivos nacionales: 1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas 2. Oportunidades y acceso a los servicios 3. Estado y gobernabilidad 4. Economía, competitividad y empleo 5. Desarrollo regional e infraestructura 6. Recursos naturales y ambiente; el cual se encuentra en proceso de revisión, de acuerdo a las disposiciones del actual gobierno.

En la actualidad, CEPLAN está en proceso de construcción de metodologías, orientaciones e instrumentos para una articulación del planeamiento entre todos los niveles de gobierno, que forman parte del SINAPLAN a fin de asegurar alineamiento entre las políticas públicas nacionales así como con las territoriales de responsabilidad de los gobiernos subnacionales, a reflejarse en los Planes de Desarrollo Concertado (PDC), los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y los Planes Operativos Institucionales (POI) así como su vinculación con los Programas Presupuestales[4].

La idea es un alineamiento que recoja las demandas de la población y las brechas a cubrir conjuntamente con una prospectiva consensuada hacia una cohesión social para un desarrollo sustentable e integral de los ciudadanos peruanos. Tal perspectiva ya se encuentra expresada en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública[5], en la cual se identifica al Planeamiento Estratégico como un pilar de los ejes de Política de modernización de la gestión pública, además de ser uno de los Sistemas Administrativos del Estado.

Cabe señalar, que varias de las Políticas y normas que se vienen aprobando, como la misma Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional, el TUO de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley de Presupuesto 2013, entre otras, vienen aludiendo y haciendo mandatorio la articulación de sus procesos a los objetivos de política del Plan Bicentenario.

Es por ello que, la articulación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, desde el ámbito temático o de Objetivo de Política, debe darse de manera efectiva, pero sobretodo desde una mirada territorial, con metodologías, instrumentos, directivas y orientaciones por parte de CEPLAN que permitan un alineamiento y armonización del Sistema Nacional de Planeamiento del país.

La gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano, en la que servidores públicos calificados y motivados se preocupan, en el marco de políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, según las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno, por entender las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o actividades (como conjunto de acciones que transforman los insumos en productos en la “cadena de valor”) como los sistemas administrativos[6], con el fin de trasformar los insumos en productos (seguridad jurídica, normas, regulaciones, bienes o servicios públicos) que arrojen como resultado, enmarcados en sistemas funcionales que reflejan las políticas públicas, la mayor satisfacción de los ciudadanos.

En este marco, el planeamiento estratégico, es el gran engranaje entre los sistemas funcionales y los sistemas administrativos, monitoreando sobretodo, a nivel de Objetivos Finales-Intermedios (Impacto) y los Resultados, siendo a su vez uno de los sistemas administrativos que dinamiza los procesos en la evaluación y retroalimentación.

La gestión pública orientada a resultados se alcanzará cuando las entidades estén en capacidad de:

-          Establecer objetivos claros y articulados, a niveles sectoriales así como territoriales (nacional, regional y local), expresados en metas y resultados.
-          Formular el presupuesto en función de los objetivos establecidos en los planes.
-          Desarrollar y optimizar los procesos de producción, la “cadena de valor” y los sistemas administrativos, con eficacia y eficiencia.
-          Reordenar o reorganizar a nivel nacional, regional y local, las competencias y funciones adecuándolas a una organización basada en procesos de la cadena de valor.
-          Establecer un sistema de indicadores de desempeño y resultados que permitan monitorear y evaluar.

Es importante mencionar que, un instrumento referencial para el planeamiento en el mediano plazo, es el Marco Macroeconómico Multianual, el cual contiene las proyecciones macroeconómicas del país para tres años, desarrollando Principios de Política Fiscal, metas de la política fiscal; variables macroeconómicas; proyecciones de ingresos y gastos fiscales en todos los niveles de Gobierno; principales proyectos de inversión pública; nivel de endeudamiento público e indicadores.

Y es importante hacer esta mención, ya que en la actualidad, esas proyecciones apuntan a Lineamientos de Política Económica, dirigidos a un presupuesto público (excluyendo gasto previsional y financiero) formulado en programas con una lógica de resultados, por lo que se impulsa en avanzar hacia a la generación y uso de información de desempeño para una asignación más eficaz y eficiente de los recursos públicos; la introducción de la programación multianual del gasto; así como el fortalecimiento de la articulación territorial.

Es decir, se busca generar y usar información de desempeño para una asignación más eficaz y eficiente de los recursos públicos a través de los Programas Presupuestales[7], como Unidades de Programación de las acciones de las entidades públicas, las que, integradas y articuladas, se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Especifico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de Política Pública.

 

Bajo estos lineamientos, el Planeamiento Estratégico, no debiera perder de vista estas proyecciones en la construcción de metodologías, instrumentos y demás orientaciones para el alineamiento de los objetivos nacionales y territoriales, dando pautas para la debida articulación y coordinación en una construcción basada en resultados, teniendo como base de análisis y diagnóstico el modelo lógico-marco lógico, ya incorporado en la metodología del Presupuesto por Resultados, para los Programas Presupuestales que ya tienen esa lógica que incorpora parte del planeamiento. CEPLAN, deberá tener la tarea de hacer la gran articulación nacional, para el mediano y largo plazo.

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[1] Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Enero 2002.

[2] DS 030-2002-PCM Reglamento de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658

[3] Decreto Supremo No 054-2011-PCM

[4] En la actualidad en el marco del Presupuesto por Resultados

[5] Decreto Supremo No 004-2013-PCM

[6] Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Art. 45 Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Son 1. Gestión de Recursos Humanos 2. Abastecimiento 3. Presupuesto Público 4. Tesorería 5. Endeudamiento Público 6. Contabilidad 7. Inversión Pública 8. Planeamiento Estratégico 9. Defensa Judicial del Estado 10. Control. 11. Modernización de la gestión pública

[7] Decreto Supremo N 302-2012/EF. TUO de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Art. 79.3 Se implementan sujetándose a la metodología y directivas establecidas por la DGPP-MEF